El sector náutico rechaza la prohibición de lanchas rápidas que anuncia Interior

Asegura que no hay consenso, se les estigmatiza y generará pérdidas económicas


VIGO / LA VOZ

El abanico de empresas de Vigo que venden o fabrican las mismas lanchas que el Ministerio del Interior quiere prohibir se planta. Rechazan la iniciativa diseñada para ser aprobada por el Consejo de Ministros en cuestión de semanas. El real decreto es por ahora todo un misterio, basta decir que la patronal nacional ni lo conoce y mucho menos participó en su redacción. El propio ministro, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado la medida de forma escueta: «Prohibiremos las narcolanchas», aseguró en rueda de prensa, sin dar más detalles, y anunciando su voluntad de afrontar la avalancha de alijos que llegan a diario de Marruecos.

La iniciativa, aclaran integrantes de Vigilancia Aduanera que conocen parte del documento, ilegaliza el uso, fabricación y reparación de planeadoras con ocho o más metros de eslora, o de menor longitud pero con motores con potencias superiores a 200 caballos. Lo mismo añaden en la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), donde preparan un documento reivindicativo para exigir información sobre el decreto y la forma de consensuarlo para evitar pérdidas que ahoguen el mercado. Por ahora, la primera estimación fija en 600 los puestos de trabajo que se perderían en Galicia y el norte de Portugal. A nivel nacional, ANEN eleva a 3.000 los trabajos que corren peligro de desaparecer.

Carlos Sanlorenzo es el secretario general de ANEN. Reconoce que Vigo, por la implantación del sector, es posiblemente la zonas de Galicia más afectada. Señala al Ministerio del Interior: «No nos consultaron el contenido del real decreto ni valoraron el alcance que puede tener para las empresas. Tampoco han pensado en la situación en la que nos dejan, estigmatizando a las empresas al ponerlas a todas en el mismo saco y dando la sensación de que todos los clientes que compran estas planeadoras son narcotraficantes y que nosotros estamos en connivencia con ellos».

Mientras, en Vigo las firmas que construyen o venden estas embarcaciones, ya sea a título particular o a través de la ANEN, tienen mucho que decir sobre ante el anuncio ministerial. Luis Silva es el gerente de Starfisher, reconoce no entender el real decreto y asegura que la solución propuesta «es matar moscas a cañonazos, no tiene sentido». Esta firma fabrica embarcaciones semirrígidas que van de los seis a los doce metros de eslora, por lo que, de aprobarse finalmente el decreto, su oferta de mercado se vería mermada en unos dos tercios. «¿Acaso prohíben comprar coches de 300 caballos de potencia?, ¿acaso todas las personas que adquieren estos vehículos los usan para escapar de un atraco?, ¿o todas las personas que compran una motosierra las utilizan para cometer asesinatos? Pues no, y aquí pasa lo mismo. Nosotros confiamos plenamente en nuestra patronal, a la que estamos asociados y no dudamos que hará todo lo posible para defender nuestros intereses».

Iván Fernández, integrante del consejo de administración de la firma Narwhal, en O Porriño, considera que «el real decreto es un atropello en toda regla que nos hace pagar a justos por pecadores y los peor parados seremos nosotros. Somos el único astillero de España, junto a Neuvisa, que fabrica estas embarcaciones y llevamos dos años colaborando con Aduanas y la Guardia Civil para facilitar su investigación». Sin embargo, añade Fernández, para la redacción del borrador del real decreto nadie del Ministerio del Interior contactó con el sector o la patronal para pedir colaboración.

Neuvisa es la firma del Grupo Rodman Polyships que se dedica al diseño y construcción de embarcaciones semirrígidas para diferentes usos y clientes. Añaden en el grupo, con sede en Moaña, que «la prohibición, por decreto de la circulación de este tipo embarcaciones, es una medida desproporcionada, que irá en mayor medida en contra de las empresas que declaran una actividad constructiva de manera legal y generan puestos de trabajo y riqueza en muchas zonas de España, entre ellas Galicia. Creemos que la puesta en marcha de estas medidas provocarán un efecto negativo inmediato en la actividad habitual de muchas empresas náuticas en la zona sin conseguir el efecto deseado sobre las actividades clandestinas y redes ilegales».

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