Saca a concurso la gestión del servicio por 35.000 euros al año
12 mar 2018 . Actualizado a las 12:06 h.El tiroteo de octubre del 2015 entre dos clanes gitanos enfrentados por el control de los mercadillos de la ciudad transformó de forma radical la venta ambulante en la ciudad. El Concello decretó la supresión de las ferias, medida que se mantuvo durante diez meses, hasta su reapertura en agosto del 2016. La venta ambulante volvió con fuerza a la ciudad, en pocos meses el número de vendedores se duplicó, se respira un ambiente pacífico y los ambulantes están encantados con el nuevo modelo. Aun así, desde el gobierno local consideran que se puede mejorar todavía más y para ello planean la contratación de vigilantes que velen por el cumplimiento de las normal y prevengan cualquier tipo de enfrentamiento como los sucedidos hace tres años.
El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ya había manifestado hace dos años su intención de incorporar inspectores a los mercadillos de Bouzas y Coia. Ahora ese deseo toma forma y la propuesta ya está en fase de contratación. La oferta del Concello consiste en un contrato de un año, con opción a una prórroga de 12 meses, por valor de 35.000 euros para «la prestación de tareas auxiliares de supervisión del funcionamiento de la venta ambulante en los mercadillos y eventos puntuales que se celebren en Vigo».
La misión de estos vigilantes, que operarán principalmente en las ferias de Bouzas y Coia, será la de elaborar un parte por cada puesto de venta para dejar constancia de la exposición al público de la tarjeta identificativa de los vendedores, ocupación del espacio autorizado y el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias. En caso de detectar irregularidades, los vigilantes deberán reflejarlo por escrito y comunicárselo al servicio municipal de Comercio, además deberán colaborar de forma estrecha con los cuerpos de seguridad y emergencias informándoles «de forma inmediata» de cualquier situación de riesgo.
Los episodios violentos del 2015, que venían precedidos de una pelea multitudinaria entre ambos bandos en Cangas y que generaron inquietud en todos los mercadillos de la provincia, motivan la adopción de este tipo de medidas para prevenir la instalación de vendedores no autorizados.
Antes de que el Concello de Vigo recuperase el control directo sobre las ferias ambulantes, estaba en manos de una asociación gremial de vendedores controlada por el clan de los morones, denunciados por obligar a los vendedores a pagarles un canon para poder montar su puesto. La negativa de la otra facción, los zamoranos, desencadenó una guerra entre familias gitanas que tuvo en el asalto a tiros de una furgoneta en la VG-20 a la altura de Valadares su momento de mayor tensión y que llegó a poner en jaque a todos los mercadillos de Vigo y su área.
La celebración de los mercadillos quedó suspendida de forma inmediata por el Concello de Vigo hasta esclarecer lo ocurrido y encontrar una solución al conflicto. Sin embargo, la decisión del alcalde, Abel Caballero, se encontró con el rechazo del resto de vendedores que tomaron la Gran Vía de Vigo en una manifestación en contra de la suspensión y para reclamar una compensación por los perjuicios ocasionados.
El ejecutivo vigués no cedió a la presión y mantuvo la suspensión durante diez meses alegando que, con las circunstancias del momento, no se podía garantizar la seguridad de vendedores ni de clientes. Tras más de una redada policial al clan de los morones, las aguas volvieron a su cauce y el Concello permitió la reapertura de los mercadillos en agosto del 2016. Pero con un cambio radical en el modelo de gestión, que pasa a depender de forma directa del servicio de Comercio del Concello de Vigo.
El ambiente estuvo enrarecido en los primeros días. La presencia policial era abundante, pero el número de puestos había caído de forma significativa. Aunque fue temporal, porque en los meses posteriores el número de autorizaciones para ambulantes duplicó la cifra anterior al conflicto de clanes.