21 víctimas, tres de violación, solicitan más de 60 años de cárcel para Papuchi

Al empresario vigués le imputan suspuestos abusos a menores, muchas de ellas entre 13 y 16 años


vigo / la voz

La acusación particular ha elevado a más de 60 años de cárcel su petición de condena para el hostelero vigués C. V. I., Papuchi, por supuestos abusos a 21 víctimas menores, muchas de 13 a 16 años. Una diferencia respecto al escrito presentado por la Fiscalía, que acusa de abusos sexuales, es que dichas víctimas añaden tres episodios de agresión sexual o violación a menores.

La Fiscalía pide 54 años y nueve meses de cárcel en conjunto, porque ve al empresario culpable de abusos sexuales continuados a 16 víctimas y de exhibir pornografía a dos menores. Las penas más graves son de 5 y 6 años de cárcel por tratarse de menores que tenían menos de 16 años. La acusación privada, por contra, ve también tres agresiones sexuales.

Papuchi sigue en prisión provisional a la espera de juicio porque no pudo reunir la fianza de 50.000 euros que le impuso la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo. Pidió una rebaja de la cuantía, pero la Audiencia la denegó.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, entre el 2015 y el 2017, aprovechó el contacto con los menores que le permitía su trabajo con la finalidad de obtener de ellos una confianza que los llevase a ejecutar actos sexuales con su intervención. Le acusa de 16 abusos sexuales continuados a menores (cinco de ellos de menos de 16 años), delito que absorbe el exhibicionismo, provocación sexual y exhibición de pornografía a menores. Respecto a otros dos menores, solo el de pornografía.

El fiscal pide que el implicado indemnice con 38.000 euros en conjunto a 18 víctimas. Por su parte, la acusación particular cree que la versión de los testigos a favor de Papuchi confirma su forma de actuar.

La Fiscalía pide que el juicio se celebre a puerta cerrada

La Fiscalía ha recomendado medidas para proteger a los menores cuando se celebre el juicio oral en Vigo, aún sin fecha, en atención a la naturaleza sexual del delito. Cree que el proceso puede afectar a la intimidad y la indemnidad sexual de los menores o a conductas que les afectaron cuando tenían esa edad. Por ello, pide que se impida el contacto visual entre los perjudicados y el acusado, que no se identifique a los afectados ni se difundan los hechos que sufrieron. El ministerio público quiere un juicio a puerta cerrada y con biombo.

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