Bum de solicitudes para alquilar viviendas sociales en la ciudad

De las más de tres mil inscripciones existentes en el registro del Instituto Galego da Vivenda e Solo, tan solo 210 son de compra


vigo / la voz

Alquilar una vivienda social en Vigo es el sueño de muchas familias que no tienen otro medio de vivir bajo un techo. Las solicitudes para hacerse con un piso de esas características se han disparado en el registro del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). Del total de las 3.036 peticiones presentadas en la actualidad en la modalidad de vivienda de protección oficial de promoción pública, 2.254 se refieren a pisos en alquiler, frente a solo 210 que pretenden comprar. Otras 572 contemplan el arrendamiento con opción a compra.

En total, en Vigo son 3.716 personas las inscritas en el registro único de demandantes del IGVS en las diferentes modalidades, incluida la vivienda de promoción privada de régimen especial.

Las cifras son muy superiores a las del resto de las ciudades gallegas, teniendo en cuenta que en A Coruña son 1.999 las inscritas, seguida de lejos de Lugo (798), Santiago (743) y Pontevedra (708). En el caso de Ferrol hay 633 y en Ourense solo 215.

El bum de las solicitudes de alquiler es justificado por Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aproin), por tratarse de una opción más sensata que la compra, máxime cuando, a la hora de adquirir, la vivienda libre está casi al mismo precio que la de protección. De comprar algo, dice, es más interesante que suba de valor en su momento. «Los alquileres sociales son una opción interesante, tal como están en el mercado libre. Esto influye mucho», apunta. Además, añade, los bancos ponen pegas para financiar la compra de una vivienda de protección. «La tendencia a estos alquileres se va a mantener e incluso irá a más», añade.

Para la presidenta de la Plataforma Antidesahucios (PAH), Carlota Pérez, está claro el motivo del aumento de la demanda de pisos sociales en alquiler. «Cada vez hay más trabajadores pobres, a los que el sueldo apenas les da para vivir. Por otra parte, tras lo ocurrido con la burbuja inmobiliaria la gente es más reticente a meterse en compras y muchos de los que nos metimos si pudiéramos volver atrás no lo hubiéramos hecho», explica.

A lo anterior añade la «subida espectacular» que ha experimentado en los últimos meses el alquiler de la vivienda libre al que se ven incapaces de acceder buena parte de los trabajadores. «No hay vivienda nueva y el mercado del alquiler no lo vigila nadie, de ahí la subida incontrolada. Los únicos pisos sociales que hay son unos poquitos de la Xunta», destaca Carlota Pérez.

Los casos masivos de desahucios de años anteriores han dado paso ahora a los de familias que no pueden pagar el alquiler. «No saben qué hacer para que no les pongan en la calle y tenemos más de cincuenta casos», indica.

La falta de pisos sociales en la ciudad ha llevado a la Xunta a tener que ofrecerlos en municipios del entorno, como es el caso de la comarca de O Morrazo o de O Condado, para evitar que familias desahuciadas quedasen en la calle. Esta precisamente es una de las reivindicaciones más repetidas en los últimos tiempos por los colectivos sociales. Exponen que el hecho de tener que trasladarse de su entorno complica la vida a las familias al no poder contar con la ayuda de los allegados para aspectos como la atención de los hijos.

En el caso de Vigo, el Concello no está acogido al plan de viviendas vacías de la Xunta, por el cual esta garantiza a los arrendatarios una renta y a cambio ellos dejan sus casas para emergencias sociales. Por el contrario, la administración local opta por aprobar una serie de ayudas para viviendas a las que el pasado año destinó 876.000 euros, al margen de los bonos sociales.

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