Las parejas de hecho ya empiezan a ir a juicios penales por la pensión de los hijos
VIGO CIUDAD
El aumento de uniones sin matrimonio genera nuevos delitos de abandono de familia
01 feb 2018 . Actualizado a las 14:26 h.En los juicios por delito de abandono de familia solían sentarse en el banquillo hasta ahora los padres divorciados que habían incumplido el convenio de separación y llevaban años sin pagar la pensión de alimentos a la exmujer y los hijos. Pero ahora también se suman los padres que, tras la reforma legal de hace unos años, se anotaron en el registro de parejas de hecho y que tuvieron un hijo fruto de esa convivencia. Poco a poco, empieza a ser más común en los juicios por delito de abandono de Vigo la figura de la expareja de hecho.
Precisamente, ayer el Juzgado de lo Penal Número 1 de Vigo tuvo sobre la mesa el caso de un padre que afrontaba una multa de 1.800 euros por deber dinero a la hija menor de edad que había tenido fruto de una relación afectiva. La pareja de hecho se separó en el 2012 en un procedimiento de more uxorio (se refiere a la cohabitación) y cuya sentencia estableció que el progenitor debía pagar 180 euros al mes en alimentos a favor de la hija.
Según la Fiscalía, el padre dejó de pagar al cuarto año, en marzo del 2016, a pesar de que ese año había ingresado más de 6.200 euros y en marzo del 2017 empezó a percibir una prestación de 370 euros. La Fiscalía lo acusó de un delito de abandono de familia y reclamó todo el dinero que le debía a hija y 4.000 euros de fianza.
Se trata de los pocos casos que llegan a la vía penal entre parejas de hecho ya que, generalmente, las diferencias se resuelven por lo civil, y solo en casos en los que hay hijos porque no hay bienes gananciales que repartir.
Los abogados especializados en familia han constatado que poco a poco están aumentando los casos de juicios a parejas de hecho, a medida que se dan más uniones extramatrimoniales.
El juez de familia Daniel Tomás percibe que las rupturas y separaciones siguen a un ritmo constante en Vigo. Recuerda que cuando él prestó servicio en los juzgados de Marín, en plena crisis, entre el 2008 y 2010, «notamos un descenso en el volumen de divorcios pero en los dos años que llevo en Vigo no diría que haya un descenso de casos». Calcula a partes iguales los divorcios y rupturas sin matrimonio. En ambos casos, «el procedimiento es idéntico» para reclamar pensión.
«La mayoría pide la ejecución por la vía civil, soy más partidaria»
La abogada Josefina Barros lleva temas de familia y, a partir de su experiencia, señala que en el procedimiento para reclamar por el impago de pensiones de los hijos «es indistinto que sea un divorcio, more uxorio (pareja de hecho) o separación».
Esta jurista observa que al incrementarse, en los últimos tiempos, el número de los litigios entre parejas de hecho «es normal que se incremente el impago de pensiones en la misma proporción». Según su argumentación, hay una relación numérica y más probabilidades de que lleguen más pleitos conflictivos a los tribunales de lo penal cuando los impagos son continuos y el progenitor hace caso omiso a las reclamaciones de sus familiares.
«Yo no soy muy partidaria de ir a la vía penal. Si tengo impago suelo pedir ejecución de sentencia y tuve tanto divorcios como more uxorio», indica la letrada especializada.
La abogada opina que la mayoría de las parejas de hecho optan por la vía civil antes que la penal. «La mayoría pide ejecución de sentencia por la vía civil», recalca. Por eso, son escasos los casos en los que el padre es denunciado por delito de abandono.
«Hay más litigios porque es más común tener hijos sin casarse»
La letrada viguesa Ana García Costas tiene una larga experiencia en temas de litigios de familia. Explica, en primer lugar, que los delitos de abandono de familia se refieren a dejar de pagar la cantidad reconocida en la resolución judicial a favor de los hijos del cónyuge o, por ejemplo, la hipoteca.
La abogada constata que las parejas de hecho también están llegando a la vía penal. «Tuve algunos juicios de pensión de parejas de hecho por la vía penal y tengo otros pendientes de celebrar. En uno de ellos se incluye una acusación por alzamiento de bienes», dice.
Según explica, el código penal no diferencia si es una sentencia de divorcio o un procedimiento de atribución de guardia y custodia de hijos menores con pensión. «El delito es el impago de pensiones establecidas en resolución judicial. Es el mismo tanto para el divorciado como para la pareja de hecho que incumplen la sentencia», señala dicha profesional.
Ana García sugiere que la razón por la que llegan más juicios de more uxorio a los tribunales penales de Vigo es porque «ahora es más común que la gente tenga hijos sin casarse».
El fracaso de la mediación lleva a celebrar al año 617 divorcios y 230 rupturas de hecho
Jueces como Daniel Tomás admiten que la mediación en Vigo ha sido un «fracaso» a la hora de negociar un acuerdo amistoso entre las parejas que quieren romper. «El poder del día del juicio es una cuestión de tradición, los abogados siempre quieren llegar hasta al final, son pocos los que se arreglan», señala este jurista. Según los datos conocidos, solo hubo 30 parejas que cerraron un acuerdo por mediación.
Estas negociaciones previas se celebran en La Gota de la Leche, donde paradójicamente acaba de entrar en funcionamiento el tercer juzgado de familia de la ciudad para celebrar juicios de divorcios y separaciones.
El fracaso de la medicación devuelve a los juzgados 617 pleitos al año de cónyuges que rompen su convivencia. De estos, 197 son de parejas que mantienen un conflicto entre ellas y dirimen la custodio y el reparto de bienes por la vía contenciosa. Otros 420 logran divorciarse de mutuo acuerdo. En todo caso, en el 2017 hubo 60 procedimientos de divorcio menos que un año antes, con un descenso del 10 %.
En cuanto a los pleitos de more uxorio (parejas de hecho), los juzgados de familia contabilizaron 231 casos en el 2017, de los que la mitad fueron de mutuo acuerdo y los otros contenciosos.
La clave de la conflictividad entre las parejas de hecho está en la posterior petición de modificación de medidas del convenio para rebajar el pago de la pensión o para cambiar el régimen de visitas. De 208 procedimientos en el 2016 se disparó a 276 en el 2017, lo que explica que parte de la conflictividad luego se traslade a la vía de lo penal.