La Fiscalía busca camas de urgencia para mayores abandonados en pisos

El Ministerio Público alerta del aumento del «drama social» por la soledad urbana

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vigo / la voz

La Fiscalía de Vigo busca cada semana una cama de emergencia en un geriátrico para ingresar a personas mayores que viven solas en pisos y que sufren abandono. Una fiscala de los juzgados de familia lo resumía así: «Es un drama social. Hay muchísimos casos de ingresos involuntarios, de gente abandonada y que no puede valerse por sí misma».

Los representantes del Ministerio Fiscal colaboran con los trabajadores sociales para buscarles plaza urgente en un centro geriátrico. En algunas ocasiones, el forense debe determinar que dicha persona ya no es capaz de valerse por sí misma ni tiene familiares que lo cuiden. «Ahora tenemos muchas incapacitaciones», admiten desde la Fiscalía. Algunas semanas tienen hasta dos casos por juzgado de familia. «En un mes puede haber cuatro asuntos y luego ninguno pero, en general, nos damos cuenta de que están aumentando», dice.

Los juzgados de familia registraron en el 2017 un total de 256 expedientes de incapacitación, otros 686 de internamientos y 209 de jurisdicción voluntaria para el ingreso en residencias. En muchos casos, se trataba de personas mayores que ya no se podían valer por sí mismas o que incluso padecen demencia.

La alarma salta cuando un vecino mayor se cae al suelo en su casa y no tiene a nadie que lo ayude. En el hospital, detectan su estado de abandono. «Los médicos nos refieren que no tienen adónde ir ni familia; necesitan protección», añade la especialista en temas de familia.

Las noticias de estos abandonos de mayores suelen llegar a la Fiscalía desde los organismos oficiales o los hospitales, y otras veces desde los propios vecinos. «Han venido a informarnos varios presidentes de comunidades de propietarios porque en su edificio vive un mayor», dice.

Pero en los tribunales también constatan que hay cierto ambiente en la ciudad «poco solidario, quizás por miedo y desconfianza ante este drama social».

Una vez que el forense realiza el informe, la Fiscalía puede pedir el ingreso involuntario del enfermo en un geriátrico siempre que sea mayor de 60 años. Para que le concedan una plaza por situación de emergencia, la Fiscalía debe justificar la incapacidad por motivos como el abandono, la vulnerabilidad o el hecho de vivir de forma pródiga. «Estos ingresos se hacen para protegerlo», dicen en la Fiscalía. Una vez dentro, se examina su situación económica para aclarar si el paciente tiene recursos económicos para sufragar su estancia o es la Administración la que debe correr con los gastos.

Los fiscales de familia también hacen esfuerzos para buscar alojamiento en residencias a las personas con síndrome de Down que se quedan solas.

De los geriátricos son excluidos los sintecho que duermen en la calle cuando no reúnen los requisitos de edad. Algunos son agresivos y las instituciones no saben muy bien qué hacer con ellos, por lo que se suelen derivar a albergues.

Forenses de Vigo redactan en un año 378 valoraciones para ingresos en residencias

Las forenses del Imelga son las encargadas de examinar a las personas de avanzada edad para determinar si tienen un grado de vulnerabilidad que obligue a incapacitarlas. No acuden directamente a los pisos, salvo cuando hay muertes. Por eso, una médico judicial cree que la verdadera magnitud del drama social del abandono de mayores solo la conocen las instituciones que están más próximas a los barrios.

«Quienes saben la verdad sobre lo que está pasando realmente son los Servicios Sociales, es allí donde hay que ir a preguntar», dice una forense. A la clínica del Imelga solo les llegan los casos más extremos en los que aparece una persona muerta en su casa o los servicios sociales la encuentran tan mal físicamente que hay que incapacitarla.

En el 2016, la subdirección del Imelga de Vigo redactó 378 informes periciales para valorar ingresos en residencias, la quinta parte de los exámenes realizados en Galicia, que ascendieron a 1.584 casos. Los forenses vigueses también valoraron a 352 personas para su incapacitación y a 554 para su internamiento psiquiátrico.

En los casos en los que los propios médicos del hospital detectan que el paciente padece alzhéimer ya no quedan dudas y la Fiscalía pide la reserva de una plaza para su ingreso en elw geriátrico.

Si el riesgo es medio y no hace falta el internamiento involuntario, la solución pasa por que unas trabajadoras sociales visiten a la persona de avanzada edad a su piso a diario para comprobar que todo va bien y ayudarle en sus necesidades básicas. Y algunas anomalías psíquicas pueden sobrellevarse sin incapacitación.

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