Las asistentes sociales de los hospitales dan la alerta cuando un paciente mayor sin familia recibe el alta
25 ene 2018 . Actualizado a las 10:52 h.La historia se repite cada vez más en Vigo. Los bomberos ya hablan de drama social. El caso es típico: una vecina de 80 o 90 años que vive sola se cae al suelo, no se puede levantar y pide auxilio durante horas hasta que algún vecino la oye y avisa a la policía para que abran la puerta. A partir de ahí, comienza un trabajo judicial para buscarle un alojamiento adecuado a la desvalida.
Los dos juzgados de familia de Vigo detectan cada uno una media de dos casos al mes de ancianos que viven solos y están en situación de riesgo de exclusión social y sanitaria porque ya no pueden valerse por sí mismos. La alerta suele llegar por parte de la Fiscalía que, tras examinar el informe de las asistentes sociales municipales, solicita al juzgado que inicie las gestiones para reservar una plaza en una residencia geriátrica para internar a dicha persona de avanzada edad. Allí, el paciente recibirá los cuidados y atención que por sí solo no puede tener en su hogar al carecer de allegados a su lado.
Cuando una asistente social comunica al tribunal de familia que es necesario el ingreso en una residencia de un paciente mayor, el juez y el forense, a petición de la trabajadora, examinan al mayor. Si está en peligro, ordenan su internamiento en el geriátrico. «A veces entran hasta tres casos por semana y otras ninguno pero son bastante frecuentes. El expediente habitual es el de una anciana de 80 años que vive sola y nadie se entera de que está mal. A una sala
llegan dos casos como estos al mes a cada sala», dice un letrado de la Administración de Justicia.
Las alertas llegan desde los propios hospitales, tanto de Povisa como desde el Álvaro Cunqueiro, y los sanitarios o las asistentes sociales informan al juez de familia que está de guardia.
«Hay ancianos que no están en contacto con las asistentes sociales de su barrio y nadie sabe de ellos hasta que ingresan en un hospital después de que sufran una caída o tengan alguna dolencia. Es entonces cuando salta la alarma. Otras veces van ellos mismos por primera vez a la asistente social y esta aconseja el internamiento», explica un letrado judicial.
En el centro sanitario salta la alarma porque los médicos o enfermeros comprueban que el paciente vive solo, no tiene hijos ni familia que le cuide cuando reciba el alta y regrese a su hogar.
Un reciente caso ha sido el de una anciana que ingresó en un céntrico hospital en situación de desvalimiento y los sanitarios temieron que cuando la paciente regresase a su casa sufriese un accidente, ya fuese por una caída o por encender la cocina, ya que sus facultades cognitivas están mermadas con la edad y no dispone de ninguna ayuda para sus tareas cotidianas.
En estos casos, la asistente social del hospital intuye una situación de riesgo para cuando el anciano vuelva a casa y mueve la maquinaria para buscarle algún tipo de ayuda. «Si la persona mayor corre peligro, se autoriza su internamiento en un geriátrico», señalan fuentes judiciales.
La Fiscalía solicita al juez que se reserve una plaza en un geriátrico para el desvalido
«Los vecinos llaman a la oficina de atención ciudadana para advertir de estos dramas»
La funcionaria de la Oficina de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas de los Juzgados de Vigo, Mercedes Vázquez, recibe cada cierto tiempo llamadas telefónicas de personas que están preocupadas porque han presenciado un posible caso en el que un anciano está desvalido y necesita ayuda urgente.
A esta oficina, situada en la planta baja del edificio de la Audiencia, llegan los ecos del drama social de los octogenarios. Los funcionarios remiten a sus interlocutores a las instituciones más adecuadas para resolver este problema y prestar una rápida asistencia a los más desfavorecidos de la tercera edad.
-¿Cómo llegan ustedes a tener conocimiento de estas situaciones de ancianos en riesgo?
-Suelen llamar diversas personas por teléfono a la oficina para advertirnos de esa situación para que tengamos constancia de los hechos.
-¿Quiénes toman la iniciativa de telefonearles para avisarles de dichos dramas sociales?
-Generalmente son vecinos que conocen al anciano y que están preocupados por la situación que está atravesando el afectado, temen por su salud y se lo comunican a la Administración para que les presten ayuda.
-¿Qué hacen ustedes?
-Desde la oficina, les remitimos a la asistente social que presta servicio en su zona o barrio a fin de que les informen de lo que ocurre. También avisamos a la comisaría para que tengan constancia de la situación.
-¿Hay muchas llamadas?
-No tenemos constancia de muchos casos pero sí existen. Como media, la oficina recibe una llamada de este tipo al mes pero algunas veces hay incluso dos.
La tercera sala de familia ayudará desde el día 31 a tramitar 209 ingresos
Los dos tribunales de familia de Vigo (y su refuerzo) tramitaron 209 ingresos en residencias de personas desvalidas en el 2017, casi uno por día laboral. A toda esto se suman 686 internamientos y 256 incapacitaciones el año pasado, en muchos casos para atender a ancianos que ya no se valían por sí mismos. A partir del día 31, entrará en funcionamiento la tercera sala especializada en estas materias y que tendrá la sede en La Gota de Leche, frente al Concello, la cual contribuirá a aligerar los trámites para buscar un lugar adecuado para mayores que carecen de allegados en la ciudad que les cuiden.
En los casos más graves, el juez o su letrado judicial visitan a la persona ingresada para comprobar cuál es su estado cognitivo. Algunas preguntas, además de saber el propio nombre y apellidos, son tan sencillas como cuánto vale una barra de pan o qué tipo de productos se pueden adquirir con un euro. Si la persona está totalmente desorientada y ya no tiene cabeza para las cosas de la vida diaria, el juez valora seriamente su incapacitación.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial atribuyó ayer al nuevo Juzgado de Primera Instancia Número 15 de Vigo el conocimiento, con carácter exclusivo, de los asuntos propios de los juzgados de Familia. Este tribunal asumirá a partir del próximo miércoles los pleitos de matrimonio, relaciones paterno filiales, los relativos al Libro I del Código Civil, la liquidación del régimen económico matrimonial y las ejecuciones de sentencia.
Además, este órgano judicial conocerá, con carácter exclusivo, de los procedimientos de incapacitación, tutelas, curatelas y guarda de los menores o incapacitados y de sus ejecuciones, y los asuntos de jurisdicción voluntaria de protección de menores.
El partido judicial de Vigo cuenta con catorce juzgados de primera instancia, de los que los números 5 y 12 están especializados en materia de familia. Estos dos tribunales ingresaron 2.861 asuntos en 2016, frente a los 12.787 del resto de salas civiles. El acuerdo de la Comisión Permanente señala que los asuntos turnados a los juzgados civiles en funcionamiento se continuarán por estos hasta su conclusión por resolución definitiva.