Marea busca que los tribunales den un varapalo al gobierno por la crisis del agua

La guerra política iniciada en Vigo hace semanas por la calidad del agua se resolverá en los juzgados. El grupo municipal Marea, cansado de no recibir las explicaciones y la documentación exigida al Concello sobre el estado de la red de abastecimiento y saneamiento en la ciudad, denunciará a los responsables municipales por un posible delito ambiental y otro contra la salud pública. Rubén Pérez, portavoz de Marea, una vez asesorado legalmente, entiende que el Ayuntamiento, con su alcalde al frente, Abel Caballero, manipuló las analíticas purgando la citada red de abastecimiento, a la vez que ocultó los datos negativos sobre la calidad del agua a la ciudadanía no haciendo públicas algunas analíticas. El PP, por su parte, no descarta recurrir también a la vía judicial, pero, por ahora, esperará a que el Concello remita toda la documentación exigida por el principal partido de la oposición, que lleva más de un mes sin obtener respuesta.

Rubén Pérez considera una «falta de respeto a todos los vigueses» la respuesta del alcalde a las imágenes de operarios de la concesionaria Aqualia realizando purgas en Canido después de varias analíticas con índices de trihalometano incompatibles con el consumo humano. La respuesta de Caballero, el pasado viernes, consistió en recomendar a los concejales de esa formación «que estudien un poquito, en vez de pasearse en los bares». Pérez respondió ayer que espera explicaciones en la próxima sesión plenaria del Ayuntamiento sobre las purgas, que, en contra de lo que asegura Caballero, recalcó que son excepcionales y se realizan al detectarse un problema.

Marea también espera aclaraciones sobre las inversiones para mejorar una red de abastecimiento de agua potable con 132.000 metros de fibrocemento, prohibido por la UE por contener trazas de amianto. El portavoz de Marea expresó su convencimiento de que Aqualia «trampeó» las analíticas en Canido para que el alcalde las mostrara a la prensa en los días sucesivos, una afirmación que, insistió, «no tenemos problema en decir en sede judicial». Rubén Pérez añadió: «No pasa nada por reconocer que te equivocaste o porque algunas analíticas del agua den malos resultados, pero lo grave es ocultarlo».

Marea insistió en que la potabilización del agua y, por extensión, el funcionamiento de la estación de tratamiento de O Casal es «competencia exclusiva» del Ayuntamiento, con independencia de que la Xunta quiera o pueda invertir en la construcción de una nueva planta. Pérez indicó que uno de los compromisos de su formación para las próximas elecciones municipales será evitar la ampliación, por otros cinco años, de la concesión del agua a la firma Aqualia.

La portavoz del PP, Elena Muñoz, insistió ayer que su formación no descarta acudir a la vía judicial si el alcalde «sigue ocultando los resultados de los controles» sobre la calidad del agua. Muñoz considera «evidente que Vigo tiene un problema» en este ámbito y señala que el gobierno municipal no está «a la altura de las circunstancias» y no ha contestado «a ninguno de los requerimientos de información» formulados por el PP. En este sentido, apunta que hay «más de una docena de escritos» dirigidos al ejecutivo municipal, a la empresa concesionaria del servicio de agua, Aqualia, y a la Valedora do Pobo, sin obtener ninguna respuesta. Muñoz celebró que Marea de Vigo exija ahora explicaciones sobre la calidad del agua y el estado de la red abastecimiento y saneamiento, y de que amenace con denunciar al gobierno local por dos delitos.

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