La escasez de ingresos empuja a 1.300 familias a recurrir a las ayudas de los centros sociales

Mil trescientas familias de Vigo se ven obligadas a recurrir a las ayudas de los centros sociales para poder llegar a fin de mes sin tener que prescindir de necesidades básicas como comer. Las raquíticas ayudas de las administraciones o los bajos salarios les impiden afrontar gastos como el alquiler del piso, la electricidad, el agua o la bombona de butano. Se da la circunstancia de algunas personas que cobran 420 euros al mes de una renta de integración social (risga) y pagan 400 por la vivienda. En otros hogares se tienen que arreglar con un salario de 600 euros, cuando no de menos, al trabajar por horas en sectores como limpieza, hostelería o carga y descarga.

En la Asociación Freijeiro de Ayuda al Necesitado (AFAN) conocen muy bien esta realidad. «Casi la totalidad de las quinientas familias que acuden a nosotros están en esa situación. Aunque cobren 700 u 800 euros, si son cuatro no les da para vivir. Otros tienen pensiones no contributivas de apenas 400 euros o sueldos de 200 porque solo trabajan unas horas», explica la presidenta de la entidad, Tensi González. Detecta que cada vez hay más casos de estos debido a la subida de los alquileres. «Muchas veces ni les hacen contrato. Les dan un recibo de andar por casa y así les dicen que les dejan el piso más barato. Algunas personas lo comparten para poder atender otras necesidades», añade.

Una situación similar detectan en Vida Digna. «Un piso de tres habitaciones ya no se encuentra por menos de 400 euros, lo que complica la situación de las familias con bajos salarios, rentas de integración social o pensiones», indica Ricardo Misa, responsable de la organización.

De las dos mil familias que atiende, entre un 35 y un 40 % están en esa situación. El salario o las ayudas no les dan para vivir. «Nosotros procuramos echarles una mano. A lo mejor no tienen derecho a los alimentos excedentes de la Unión Europea, porque les exigen que no sobrepasen unos ingresos, pero les damos de nuestras propias campañas», comenta Misa. Constata un aumento de la demanda en invierno, tal vez, dice, debido al incremento de los gastos en electricidad y butano. En la actualidad facilita alimentos a un millar de familias y tiene a otras ochenta en lista de espera. Advierte mucha diferencia entre la primera quincena del mes y la segunda. «Según se aproxima el final acuden muchos más porque se les acaba el dinero», dice. Algo similar ocurre con el ropero, donde no dan abasto y todos los martes reparten ropa para veinticinco hogares.

En Cáritas en torno a 115 familias de los programas de acogida, inmigración y Cáritas parroquiales están en esas mismas condiciones. Los ingresos, ya sean de la renta de integración social o de empleos resultan insuficientes. Algunos pensionistas no solo tienen que cubrir sus necesidades, sino que se ven obligados a ayudar a los hijos, con lo que se agrava la situación.

Abierto el plazo de ayudas para contratar a personas que perciben la risga

La Consellería de Empleo ha abierto el plazo de ayudas a los concellos para que contraten a perceptores de la renta de integración social (risga). En la anterior convocatoria permitió contratar a 104 personas en el área de Vigo con un presupuesto próximo a los 900.000 euros. A Vigo, con más de 700 personas que cobran esta renta, le correspondían 40 contrataciones. Sin embargo, la solicitud del Concello fue rechazada, según la Xunta, por incumplir las condiciones, lo que dio lugar a una serie de acusaciones entre las administraciones local y autonómica. Las ayudas se repartieron entre Cangas, Moaña, Baiona, Nigrán, Gondomar, O Porriño , Mos, Redondela, Fornelos de Montes, Soutomaior, Pazos e Borbén, Salvaterra de Miño, Salceda de Caselas y la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo. La Xunta reitera que el Concello vigués es el que más tarda en tramitar las solicitudes de la risga. Pide ahora al gobierno local que concurra a las ayudas en tiempo y forma.

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