La dificultad legal para echar al hipotecado reduce los desahucios

La banca sortea los obstáculos siguiendo otras vías más lentas para embargar bienes como los procedimientos declarativos y ordinarios


vigo / la voz

Los bancos han presentado 2.400 demandas de ejecución hipotecaria contra propietarios de Vigo desde que comenzó la crisis en el 2008 pero las distintas reformas legales han reducido esta vía a la mitad y recurren a otros trámites, como las ejecuciones ordinarias y las declarativas, que son más lentos y discretos pero que consiguen saldar la deuda.

Las reclamaciones contra los dueños de pisos, chalés, garajes o bajos que no pagaron las cuotas de su hipoteca alcanzaron su máximo en el 2012 con 381 demandas pero, un lustro después, en el 2017 la banca solo presentó 150 peticiones de subasta, un 60 % menos que en el peor año de la crisis del ladrillo.

El procurador experto en banca Jesús González-Puelles atribuye el descenso de estas demandas a que «en este momento, hay una gran dificultad para ejecutar hipotecas» debido a las reformas legales surgidas a partir del 2012 y que obligaron al juez a estudiar si había abusos al consumidor en este tipo de contratos.

A ello, se suma que los bancos han firmado menos hipotecas a partir del 2008 y 2009, cuando se hundió el ladrillo y se disparó el desempleo. «Han pasado 9 años, el mercado estuvo absolutamente parado durante un bienio, en todo este período hubo menos ventas de pisos y locales y, lógicamente, se firmaron menos hipotecas», dice González-Puelles. Añade que a día de hoy ejecutar y subastar un inmueble «es muy complicado debido a la amplia legislación dictada por Europa y los tribunales españoles», con sentencias a favor del consumidor en Vigo. la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

«A la hora de ejecutar, hay que ver si el cliente firmó alguna cláusula abusiva y descontar esa cantidad, esto complica el proceso, lo retarda o hay una imposibilidad real de ejecutar el desahucio», dice Puelles. Por eso, los bancos han cambiado de estrategia y ahora conducen sus demandas a través de dos tipos distintos de ejecución: la ordinaria y la declarativa. «Son mecanismos alternativos menos rápidas y drásticos que la hipotecaria. Quitan el bien pero con más garantías y más lentamente», dice.

En el procedimiento de ejecución ordinaria, el banco debe avisar del impago, solicitar el embargo de los bienes, y anotarlo en el registro de la propiedad. En el trámite habitual hipotecario, el banco requiere el pago y pasado un mes, se subasta el inmueble.

En el procedimiento de ejecución declarativa, el banco logra una sentencia que declara el vencimiento anticipado del préstamo y reconoce la deuda para luego pedir la ejecución del dictamen.

La PAH y la Favec coinciden en que muchos desalojados son inquilinos

La Plataforma de Afectados de Hipotecas (PAH) recuerda que en el tercer trimestre del 2017 ya había 407 ejecuciones de desahucio y, a falta del cierre del ejercicio, se estiman más de 550. La mayoría de los expulsados son inquilinos. Hay tres desalojos cada dos días. La portavoz de la Federación Vecinal (Favec), María Pérez, precisa que «nosotros tenemos muchos casos, quizás más ahora de alquiler que de banca».

Adolfo Telmo Perez, de la PAH, dice que «é continúo o ascenso imparable dos desafiuzamentos como consecuencia de falta de pagamento do aluguer que medran un 4,2 % pola indefensión que sofren os inquilinos coa subida do aluguer e da precariedade laboral». El mismo activista recalca que «ninguén aluga a unha familia ou persoa con Risga e todo por que a administración carece de vivendas para ofertar en réxime de aluguer». Y resalta que «non hai negociacións coa banca para a cesión de uso de vivenda. Ademais, aumentan os desafiuzamentos que non chegan aos xulgados e se impón o entregar as chaves e marchar».

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