Eudosio Álvarez y Xabier Alonso reclamaron tras ser absueltos en el caso Hormigón
04 ene 2018 . Actualizado a las 23:47 h.El caso Hormigón, la operación por corrupción política que perseguía el juzgado de Vigo, se ha desinflado hasta quedar en prácticamente nada. Pero su factura no. Casi cuatro años después de que comenzase la investigación, el Concello de Vigo todavía tiene que abonar facturas por la operación. Porque dos exconcejales del BNG que estaban siendo investigados han pasado al Ayuntamiento la minuta de sus abogados después de haber resultado absueltos. La ley les da derecho a que carguen la factura a las arcas públicas después de que la jueza haya desestimado su culpa.
El primero fue el exedil de Deportes, Xabier Alonso. Después de que La Voz informase de ello en marzo, el exconcejal de Patrimonio Histórico, Eudosio Álvarez, también reclamó al Concello que le abonase los costes de su defensa. La Junta de Gobierno Local aprobó a principios de año el pago del abogado de Alonso y recientemente autorizó también costear la defensa de Álvarez. Ambos eran militantes del BNG cuando formaron parte del gobierno local de Vigo, aunque el segundo se cambió a Compromiso por Galicia cuando se creó esta formación centrista y galleguista, escindida del Bloque.
En el caso de Xabier Alonso, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Vigo, Concepción Segade, lo imputó por la construcción de un pabellón en Barreiro. Casi dos años después de que él dejase la concejalía, el gobierno local aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 100.000 euros.
En el caso de Eudosio Álvarez, ordenó obras en el pavimento en la Porta do Sol y Elduayen, una impermeabilización y unos arreglos de seguridad en la pinacoteca Francisco Fernández del Riego y la mejora de unas escaleras en Cánovas del Castillo, todo ello en el Casco Vello. Después de que dejase la concejalía, el Concello aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito de 330.000 euros.
Esa figura legal, la del reconocimiento extrajudicial de crédito, permite gastar un dinero extra fuera de cualquier contrato. Se emplea para gastos imprevistos y urgentes. Ambos ediles explicaron a la jueza durante el interrogatorio que ese fue el caso de las obras que firmaron y que, meses después, obligaron al Ayuntamiento a aprobar ese reconocimiento de crédito.
En su derecho
El abogado de Xabier Alonso costó al Ayuntamiento 2.420 euros. El de Eudosio Álvarez, 2.195, según los expedientes a los que ha tenido acceso La Voz. En ambos casos, la Junta de Gobierno Local aprobó el pago apoyándose en sendos informes del secretario municipal, José Riesgo. El funcionario de mayor rango del Concello considera en ambos casos que los honorarios se adecúan a precios del mercado. Los dos ediles eligieron al letrado que les pareció más oportuno.
En los documentos, Riesgo recuerda que la ley establece que los ediles tienen derecho «á defensa xurídica e protección da administración pública nos procedementos que se sigan ante calquera orde xurisdicional como consecuencia do exercicio lexítimo das súas funcións ou cargos públicos». La doctrina del Tribunal Supremo establece que lo anterior se aplica cuando haya sido por cumplir sus funciones, no exista desviación de poder y se haya archivado la causa o absuelto al cargo.
Varios miembros de la actual Junta de Gobierno fueron compañeros de los dos exconcejales
La Junta de Gobierno Local aprobó el pago de las defensas de los dos exconcejales. Muchos de los que componen ese organismo del Ayuntamiento fueron compañeros de Xabier Alonso y de Eudosio Álvarez. Alonso fue concejal de Deportes entre el 2007 y el 2011, en el primer gobierno de Caballero, cuando este tuvo que pactar con el Bloque; los cuatro años siguientes, después de que los nacionalistas rompiesen con el PSOE, fue edil en la oposición. Eudosio Álvarez tomó posesión como concejal no electo en el año 2009 -cuando el gobierno bipartito perdió las elecciones gallegas y él tuvo que dejar de ser delegado provincial de la Consellería de Vivenda- y permaneció en el cargo hasta el 2011; después no lo renovó porque iba de número 5 en la lista del BNG, que se quedó en tres ediles.
En cuanto al caso Hormigón, se ha quedado en nada. Nació con dos derivadas. Una estaba centrada en el concejal Ángel Rivas, porque votaba adjudicaciones de obras en la Junta de Gobierno Local y, después, las constructoras contratadas le compraban el cemento a la empresa que él dirigía, Hormigones Valle Miñor. La otra derivada investigaba el abuso del reconocimiento extrajudicial de crédito como figura para pagar obras, más allá de lo que permite la ley. El abuso estaba acreditado, pero tanto la fiscalía como la jueza han desistido porque no consideran que sea ilegal.
Pero, a la vista de las pruebas, la fiscalía recomendó archivar la causa contra los políticos imputados -varios ediles del gobierno local llegaron a estarlo- y la jueza lo aceptó.