La Xunta vincula la mala calidad del agua a la vejez de la red de cañerías
VIGO CIUDAD
Relaciona la antigüedad de las tuberías con los elevados niveles de hierro y el mal funcionamiento de la potabilizadora para diagnosticar el problema en Vigo
26 dic 2017 . Actualizado a las 14:29 h.Tan solo la Navidad ha logrado frenar, aunque sea durante 24 horas, la guerra del agua que mantienen la Xunta y el Concello en Vigo. Hoy está previsto que se conozcan nuevos resultados de los análisis realizados el fin de semana, sobre todo en Canido, que es la zona en la que se registran los niveles de hierro en el agua más elevados de la ciudad. En la Xunta, y concretamente en la Consellería de Sanidade, tienen diagnosticado el problema y, confiesan, les gustaría tener un acercamiento con el Ayuntamiento para dejar atrás la confrontación en un asunto tan delicado que no debería prestarse a luchas políticas.
Los datos que maneja la delegación provincial de Sanidade, y que son remitidos prácticamente en tiempo real a la sede de la consellería en Santiago, hacen un dictamen que se divide en tres frentes. El primero es la falta de agua en los embalses de Eiras y Zamáns. En el ubicado en Fornelos de Montes se da la circunstancia de que cuando el nivel baja del 40 % empiezan a darse problemas de turbidez. Fuentes de Sanidade aseguran que cuando se decía que Vigo tenía agua para 75 días, lo real sería decir que solo eran 20 jornadas, ya que la estación potabilizadora (ETAP) de O Casal no podía depurar los sedimentos para garantizar el consumo a la ciudadanía.
La inversión necesaria para renovar la citada potabilizadora, que da servicio al 95 % de la población de Vigo, superaría los 16 millones de euros, según aclara el Gobierno gallego, que recuerda que ya en el 2010 se completaron informes que recomendaban la renovación de la potabilizadora al considerar que, ya entonces, empezaba a estar obsoleta. Incluso en el plan urbanístico del 2008, anulado por la Justicia, se incluía la construcción de una potabilizadora nueva cuyo coste se repartían la concesionaria del agua, Aqualia, que asumiría el 50 % de la inversión; el Concello se haría cargo del 30 %, y la Xunta, del 20 %.
El otro problema que el Gobierno gallego diagnostica para explicar la marejada de fondo que sufre Vigo cíclicamente por el agua está relacionada con la red de cañerías. La Xunta considera que una gran parte está obsoleta y lo que es peor, los materiales de esas tuberías han dejado de usarse al ser poco recomendables para la salud. La propia Aqualia, en su página web, explica que la situación de la red municipal en el 2009 -dato que no actualizó desde entonces- estaba formada por 800 kilómetros de tuberías de fundición y 132 de fibrocemento, materiales ambos que por ley ya no deben usarse. De polietileno, el material más recomendado en la actualidad, había 94 kilómetros.
Sanidade valida las analíticas del laboratorio municipal para medir la potabilidad
La Consellería de Sanidade tiene plena confianza en el trabajo que hace el laboratorio municipal para analizar la calidad del agua en la ciudad. Un alto cargo del departamento autonómico explica que el laboratorio del Ayuntamiento «vale como cualquier otro» y añade que si las analíticas que hacen en el citado laboratorio arrojan dudas sobre la calidad del agua, la obligación del Concello es recurrir a otro para despejar dichas dudas, en referencia a lo ocurrido en el colegio de Canido. «Es de una gravedad grandísima que el Concello supiera el día 13 que los análisis demostraban que el agua no era potable y no informase a nadie o hiciese un contraanálisis alegando que su laboratorio no está homologado». En Sanidade añaden que existen diferentes niveles de laboratorios: «A nosotros no nos consta que el del Concello no esté acreditado, el que nos lo dijo hasta ahora fue solo el Ayuntamiento. Aqualia tiene su propio laboratorio, que no está en el nivel máximo de nivel de calidad pero es válido. El central de la Xunta, en Lugo, tiene el nivel máximo de acreditación», explican en Sanidade.
La oposición, perpleja
El principal partido de la oposición en Vigo, el PP, reconoce estar perplejo por el contenido de un escrito remitido por el gobierno local, firmado por el concejal David Regades, en el que se advierte a los populares que la Ley de Transparencia -que permitió al PP tener los informes que destaparon la situación de los colegios de Canido y Teis- que atendiendo al artículo 18 puede negarse a facilitar información si las solicitudes tienen «carácter abusivo».