Google retrasa hasta un año decenas de peticiones de los jueces de Vigo

El gigante de Silicon Valley alega que siempre colabora si se lo ordena un tribunal americano


vigo / la voz

La compañía estadounidense Google tarda un año o más en responder a las decenas de peticiones de información que les hacen los jueces de Vigo para investigar las direcciones IP de las cuentas de Gmail o incluso el contenido de los mensajes. Fuentes de varios juzgados de instrucción coinciden en que deben esperar en torno a un año por la respuesta porque primero tienen que tratar con Estados Unidos y enviar una comisión rogatoria a un juez californiano. En el caso del crimen de Ana Enjamio, la contestación del gigante de las búsquedas se demora ya 9 meses y el cierre del caso está paralizado porque es la única prueba que falta para cerrar la investigación. El tribunal de Violencia sobre la Mujer de Vigo ha enviado varios recordatorios a Google para presionar para una pronta respuesta.

La letrada jurídica de un juzgado de instrucción de Vigo contabiliza 15 peticiones de información en el 2016 a Google y otras empresas similares. Le enviaron oficios pero no saben decir si las respuestas fueron satisfactorias o no. La comisión rogatoria solo se pide por recomendación del fiscal o la policía. En otro tribunal vigués, hablan de varias peticiones al año, siempre tramitados por comisaría. «Google tarda mucho, hasta un año, en contestar pero a veces sus datos nos han servido para resolver casos», dice una letrada judicial.

En otro juzgado, un magistrado señala que a Google no le envía tantos requerimientos. «Trabajamos mucho con Facebook, le enviamos bastantes peticiones al año, y estos son muy eficientes y rápidos. Directamente los oficios se los damos a la policía y los tramitan ellos con oficina legal de Facebook. Los datos que luego nos ofrece Facebook de las direcciones IP lo gestionamos con el proveedor del servicio», dice.

El mismo juez añade que Google y Microsoft «dan más problemas» que Facebook porque las autoridades americanas son «muy reticentes» a cooperar judicialmente. «Tienen una normativa muy restrictiva para dar datos. Por eso no es fácil con las empresas radicadas en EE.UU. Colaboran solo en caso de determinados delitos graves. Para algunos leves ni siquiera tramitan las comisiones rogatorias, que es un proceso más complicado. Lo de EE.UU. tarda mucho, a veces no contestan. Depende de las autoridades americanas», dice.

Los abogados vigueses también ven demora en las peticiones de datos a Silicon Valley. El letrado digital Iago Otero tiene sobre la mesa un caso en el que la parte contraria requiere datos a un gigante de las redes sociales. «Suele haber problemas para que te acrediten la dirección IP de una cuenta de Gmail, cuesta mucho obtenerlo, no digamos el contenido de los mensajes. Para los abogados va rápido porque tarda meses frente a informes policiales de año y medio».

El buscador es «colaborador»

Una portavoz de Google España explicó ayer que «colaboran» y que proporcionan determinada información directamente a las autoridades españolas siempre que haya una orden judicial válida emitida por un tribunal español. Incluyen la información de registro de una cuenta de Google o de YouTube (nombre, información de creación de la cuenta y direcciones de correo electrónico asociadas), y también las IP de inicio de sesión y las marcas horarias correspondientes. Sin embargo, Google España advierte que para revelar el contenido de comunicaciones exige a la autoridad competente española que inicie un proceso del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) para obtener esos datos vía comisión rogatoria. Este proceso derivaría en una orden de un tribunal de EE.UU. «En cualquier escenario, Google, bajo orden judicial, siempre ofrece los datos que se le requieren. Por ley debe ser así. Desconozco la casuística ocurrida en este proceso [Ana Enjamio] pero siempre colaboramos con la Justicia y órganos pertinentes», dice.

«Contratar a un perito informático es el atajo para buscar rastros de los correos»

Un bufete puede pedir a Google información cuando alguien usa un correo falso para amenazar a alguien amparado en el anonimato. La orden judicial consistiría en localizar el router desde el que se envió el mensaje, lo que aporta pistas de la dirección IP, la operadora, el domicilio del cliente y el ordenador. Más complicado es tener acceso al contenido de los mensajes. Otero recalca que según la nueva ley Google debe plantar sus servidores territoriales en Europa; actualmente, los correos enviados por los europeos están esparcidas por todo el mundo.

Otro abogado digital, Víctor Salgado, señala que los requerimientos de información a Google se suelen hacer en casos donde se atacó la reputación on line de una empresa o un particular. Asegura que Silicon Valley colabora en casos que le interesan, como los delitos contra la propiedad intelectual pero menos en otros de derechos fundamentales (contra el honor). También ve diferencias entre pedir información a una empresa en Europa, «donde hay un escenario de colaboración», o requerirla a Estados Unidos o Latioamérica, «donde es muy complicado y la respuesta se puede dilatar cuatro o cinco años, puede quedar en nada o perdido en el limbo varios años». Por este motivo, algunos abogados digitales buscan atajos como pedir la ayuda de peritos informáticos: «Buscan evidencias de forma indirecta, no es lo mismo que una comisión rogatoria pero gracias a su trabajo hallan rastros en el correo o el servidor. Se usan para casos laborales, espionaje industrial o contra la propiedad intelectual».

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