Treinta rederas y pescantinas cobrarán de 217 a 697 euros tras 15 años de pleitos
19 nov 2017 . Actualizado a las 15:37 h.Tras quince años de pleitos, los tribunales han reconocido una compensación conjunta de 517.000 euros a los afectados de la ría de Vigo que reclamaron por vía judicial los daños ocasionados por el vertido de chapapote del petrolero Prestige en el 2002. Son cien mil euros menos que las pérdidas estimadas. La cuantía real cobrada es mayor porque muchos perjudicados percibieron hace tiempo las indemnizaciones tras sellar acuerdos entre las aseguradoras y el Estado y las cofradías y mejilloneros.
La sentencia ejecutoria de la Audiencia de A Coruña, dictada el día 15, aprueba indemnizaciones para media docena de empresas de la ría de Vigo, a las que reconoce la suma que reclamaban o la parte que les faltaba por cobrar de las aseguradoras.
En el caso de las quince rederas de Cangas y otra quincena de vendedoras del mercado de abastos de dicha villa de O Morrazo, las cantidades percibidas se reducen a 217 euros en varios casos aunque la perjudicada que más cobrará no supera los 697 euros.
Cada perjudicada canguesa reclamaba entre 1.600 y 1.900 euros pero, tras quince años de pleitos, la Audiencia solo ha reconocido indemnizaciones que son la cuarta parte de lo solicitado o incluso siete veces menos de las pérdidas estimadas por las pescantinas. La razón es que el tribunal exigía exhibir facturas que probasen los perjuicios que el vertido de fuel había causado a su negocio. Aunque reclamaron 51.000 euros, solo percibirán 11.360.
Otra afectada de Cangas, Patrarcis Sl, dedicada a la actividad marisquera desde 1993 y que comercializaba moluscos que adquiría en las lonjas de las Rías Baixas. El fondo internacional de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos (Fidac) valoró sus daños en 11.210 euros, suma que la Audiencia aprueba por «razonable».
El tribunal también dictaminó que Pescados Marcelino SL, que se dedica a la cocción y elaboración de moluscos en Espiñeira, en la parroquia de Aldán, en Cangas, no sufrió pérdidas y recordó que siete de sus socios ya fueron indemnizados con un total de 256.116 euros por la Administración en virtud de los acuerdos transaccionales suscritos con la Asociación Gallega de Mejilloneros (Agame).
En el puerto de Vigo, la comercializadora de pescado Mariscos Marzá SL, aceptó la propuesta del Fidac de 12.583 euros. Ya había cobrado casi una tercera parte y ahora percibirá el resto.
La Audiencia también reconoce el pago de 22.218 euros a la comercializadora de pescado fresco y congelado Pescarmar, dinero que le faltaba por cobrar de los 31.740 euros de la indemnización que acordó con el Fidac.
Por su parte, Luis Rosales SA, que explota una depuradora de mariscos en la ría de Vigo recibió 121.960 euros del Estado a través de Agame tras llegar a un acuerdo transaccional. Para calcular la indemnización se tuvo que hacer una estimación especulativa de los perjuicios porque las instalaciones no estaban afectadas por el vertido. Una empresa ligada a esta, Mariscos Ría de Vigo, percibió otros 73.176 euros del Estado.
La sentencia también supuso un jarro de agua fría para seis mujeres de la Cofradía de Pescadores de Santa Tecla, en A Guarda. Cada una reclamaba una indemnización de 8.168 euros (en total, 49.000 euros). El tribunal constata que otras personas llegaron a acuerdos transnacionales pero no esta media docena de afectadas a las que la Audiencia no reconoce ninguna compensación porque no justificaron las pérdidas con un informe pericial ni documentalmente.
La depuradora de moluscos Marcos Lago SL, con sede en Meira, en Moaña, tampoco percibirá compensaciones porque, según la Audiencia, solo aportó un informe pericial basado en criterios comparativos, sin justificación documental y respecto a una explotación que no fue directamente afectada por el vertido.
Las compensaciones serán abonadas por el capitán, la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Associatión, Mare Shipping o el Fidac.