El Concello negociará con la gestora del Mar de Vigo para no pagar 76 millones de euros

El gobierno local tiene informes para plantear su defensa si se acaba en los juzgados, pero cree que la mejor salida para todos es un pacto previo


VIGO / LA VOZ

La entrada en estado comatoso de la empresa constructora y concesionaria del Auditorio Mar de Vigo, tras decretarse judicialmente su liquidación, puede suponer un importante agujero para las arcas municipales que, como máximo, la propia firma -integrada por los socios Testa (Grupo Sacyr), Puentes y Calzadas y Abanca- cifra en 76 millones de euros, que responden a la inversión hecha para construir el auditorio y a créditos solicitados para sostener la gestión deficitaria. La confirmación de lo hace semanas se daba por hecho no ha generado, aparentemente, mucha preocupación en el gobierno municipal. La estrategia planteada por ahora pasa por abrir un proceso de negociación con la citada empresa para intentar alcanzar un acuerdo previo que evite el inicio de proceso contencioso administrativo que entre fase de instrucción y posibles recursos posteriores, demoraría la situación unos cuantos años.

Pazo de Congresos de Vigo fue la constructora del auditorio e inició en el 2006 una concesión de 35 años que posteriormente se prorrogó hasta los 60 con la entrega de cinco millones de euros por parte del Ayuntamiento. Ahora, en la alcaldía están dispuestos a priorizar el diálogo que la entrada en escena de abogados, para lo que también están ya preparados. Y es que existen informes que, una vez iniciado un posible contencioso administrativo, los asesores jurídicos municipales entienden que son más que válidos para evitar el litigio judicial, algo que, al menos en el Concello, quieren evitar por la dilación que generaría. Dichos documentos implicarían una rebaja muy considerable de la cifra a pagar en el caso de perder el contencioso.

Alcaldía

El propio alcalde, Abel Caballero, habló ayer por primera vez de la situación del Mar de Vigo, algo que hasta ahora había evitado alegando que no tenía comunicación oficial de la liquidación de Pazo de Congresos de Vigo. Ayer, sin embargo, mostró su perfil más optimista al asegurar que la situación actual «es una magnífica noticia para la ciudad, yo quiero que sea público y estoy encantado», proclamó antes de vaticinar que «funcionará mucho mejor». En declaraciones a los medios, el regidor explicó que los servicios jurídicos municipales están «estudiando» el auto judicial y buscando fórmulas para asumir la gestión y explotación de esas instalaciones. Para ello, y para poner fin al contrato con la concesionaria, el juzgado ha establecido un plazo de 4 meses, que expira el 31 de marzo de 2018.

«Seguiremos disfrutando del Auditorio, que ahora será público, y es una cuestión que me agrada», señaló Caballero, quien aseveró que «fueron las condiciones de la concesión firmadas por un gobierno municipal del PP en 2006 las que hicieron que esta infraestructura acabase como lo ha hecho. La concesión fue hecha en circunstancias que llevaron a esta situación», apostilló. A preguntas de la prensa sobre la idoneidad de la ampliación de dicha concesión en 25 años, que fue aprobada por su gobierno en el 2012, el alcalde justificó dicha decisión porque se tomó «en función de los intereses de la ciudad». Con respecto a la posible responsabilidad económica que deba asumir el Ayuntamiento por la deuda de la concesionaria, Caballero se limitó a pedir «tiempo al tiempo», a la vez que afirmó que se hablará de esta cuestión durante años: «Ahora lo que me importa y lo que le importa a la ciudad es que el auditorio, el mejor de Galicia, seguirá funcionando maravillosamente bien».

Oposición

El grupo municipal del PP advirtió ayer al alcalde de que «no puede culpar a nadie más que a sí mismo» de la situación del Auditorio Mar de Vigo. La portavoz popular, Elena Muñoz, afirmó que «desgraciadamente se ha producido lo que el PP lleva advirtiendo desde hace muchísimo tiempo»: la quiebra de la sociedad concesionaria y la reversión de las instalaciones al Ayuntamiento, con el riesgo de que las arcas municipales deban afrontar el pago de una deuda millonaria. Muñoz criticó la «huida hacia adelante» del gobierno local, que «tomó las peores decisiones posibles, en lugar de tomar decisiones valientes».

Marea, mientras, fue un poco más allá al reclaman la municipalización del edificio. Su portavoz, Rubén Pérez, reiteró que exigirá «la creación de una comisión de investigación sobre la concesión, las condiciones de creación de la UTE, o incluso las circunstancias de su construcción reduciéndose una parte notable del proyecto previsto, por un aumento de costes». Pérez asegura que las responsabilidades políticas «deben buscarse en el PP por decidir ese modelo», pero también en el gobierno de Abel Caballero. Compromiso por Galicia también reaccionó ayer solicitando un mayor control fiscal de las concesiones municipales y pide que se garanticen los puestos de trabajo.

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