La sentencia de 1997 permitía a los vigueses llegar a las playas de la isla
25 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El 25 de octubre de 1997 los vigueses conocían que la justicia les había dado la razón en el pleito que mantenían con los propietarios de la isla de Toralla por el uso del puente. Después de un itinerario judicial de diez años, el Tribunal Supremo rechazaba el último recurso interpuesto por los isleños, que reclamaban en exclusividad el uso y disfrute el puente y de las playas. De este modo, se liberalizaba el paso por el puente, sin que para llegar a la isla, fuese necesario acceder en barco o a nado.
Además, la Ley de Costas también establecía que los propietarios de la isla deberían ceder para dominio público seis metros de terreno a partir de la máxima pleamar registrada.
Otros aspectos recogidos en la sentencia eran el mantenimiento de la prohibición de la entrada de vehículos ajenos a los residentes de la isla. Asimismo, no se establecían indemnizaciones para el grupo formado por las comunidades de propietarios Torre de Toralla y Castro de Toralla y por la entidad Toralla S.A..
Los propietarios obtuvieron una concesión por 99 años condicionada a las necesidades del dominio público y decidieron construir el puente con sus propios recursos. La entrada en vigor de la Ley de Costas de 1989 estableció que las concesiones otorgadas para construir accesos a islas de propiedad privada serían revisadas para que quedasen abiertas a uso público en idénticas condiciones de utilización que las particulares.