Trabajadores de la zona azul dicen que cientos de multas podrían ser ilegales

Jorge Lamas Dono
jorge lamas VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Oscar Vázquez

UGT cree que la licitación de la XER está paralizada porque Dornier pide una compensación por perder plazas

23 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El sindicato UGT tiene la sospecha de que durante los meses de julio y agosto pudieron ser interpuestas cientos de denuncias por impago en la zona azul de aparcamiento de la ciudad de una forma presuntamente ilegal. «Son supostas denuncias feitas por persoal non autorizado durante os meses de xullo e agosto, polo que poderían ser ilegais e, polo tanto, ilegal o seu cobro», explican desde el sindicato UGT, a través de la federación de servicios. Desde la central recuerdan que el personal autorizado para sancionar a los vehículos infractores debe estar registrado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuando un controlador de la zona Xestión do Estacionamento Regulado (XER) formula una denuncia contra el propietario de un vehículo tiene que expresar en la misma que sus datos aparecen publicados en el BOP, que pertenece a la empresa concesionaria del servicio, que actualmente es Dornier S.A. y las causas que motivaron la sanción. Cumplimentada esta parte, el Concello de Vigo procederá a incoar un expediente sancionador que conlleva una multa de 30 euros por superar el horario autorizado en el billete de aparcamiento.

La denuncia efectuada por el sindicato UGT está contextualizada en la paralización del concurso de estacionamiento regulado en superficie, lo que comúnmente se conoce como zona azul. En este sentido, la central sindical opina que el motivo de esta paralización puede ser «a reclamación da empresa Dornier S.A., que solicita unha compensación económica a causa da eliminación de 850 prazas».

Para UGT, la situación de este concurso es también «responsabilidade da propia mesa de contratación, á que faremos tamén responsable no caso de asumir a oferta de Dornier, ao ser totalmente lesiva e precarizadora para as e os traballadores do servizo».

El concurso lleva en la mesa de contratación varios meses debido a una sentencia judicial que obligó a cambiar algunos pliegos de condiciones. «Esta situación está xerando multitude de deficiencias no servizo, tanto cara á cidadanía -hai algunhas máquinas avariadas dende hai tempo- como cara ao cadro de persoal, soportando constantes incumprimentos do convenio colectivo en matería de saúde laboral, ou mesmo na carga de traballo, incrementada constantemente ao non ser cubertas as baixas por parte da empresa», explica el sindicato.

Según señalan desde la Unión General de Trabajadores, la oferta económica presentada por Dornier, la actual concesionaria, «constitúe unha rebaixa de tal desproporción que a propia empresa só podería levar adiante o contrato eliminando portos de traballo, é dicir, depositando esta irresponsabilidade no cadro de persoal, feito que non imos consentir; non imos permitir unha soa rebaixa sobre os dereitos das e dos traballadores da concesión». Desde el sindicato denunciante se afirma que «unha empresa á que o Tribunal Superior de Xustiza anulou precisamente esta adxudicación por considerar o concurso un proceso viciado, non pode resultar a adxudicataria do mesmo servizo noutra ocasión». Desde el sindicato se concluye diciendo que con este tipo de actuaciones «corremos o risco de converter o servizo do aparcadoiro regulado nun servizo unicamente cun mero afán recadatorio, algo contrario ao espírito que debería ter».

El año pasado, el Concello paralizó el nuevo concurso de la XER (Xestión de Estacionamiento Regulado), que ya estaba en su fase final, debido a la anulación judicial del contrato que tenía Dornier provocado por un recurso presentado por tres empresas interesadas en la gestión de la XER, que acudieron al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dependiente del Ministerio de Hacienda. Esycsa, Indigo Park y Dornier, esta última la actual concesionaria, denunciaron que no se había incluido el coste del IVA en un contrato de algo más de 23 millones de euros.

El tribunal notificó la incidencia al gobierno local, que encargó un informe a un técnico municipal. Su dictamen fue contrario a la reclamación, asegurando que la cuestión del IVA «no afecta al Concello y sí atañe al licitador», por lo que no debería admitirse, es decir, descartó que el pago de este impuesto afecte al equilibrio económico de la concesión «ya que los ingresos superan a los gastos».

Pese a este dictamen, el gobierno vigués optó por ser precavido y prefirió suspender el proceso de licitación y esperar la decisión del Tribunal Administrativo Central.

Ya a finales de año, el Concello sacó una nueva licitación del contrato de la ordenanza reguladora de aparcamiento en zona azul para los próximos diez años con posibilidad de que sea prorrogado otros dos como máximo. La justicia anuló la explotación. Está valorado en más de 23 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los principales del Concello vigués.