Los desahucios repuntan en Vigo: ya van 407 en lo que va de año

e. v. pita VIGO / LA VOZ

VIGO CIUDAD

Oscar Vázquez

La mayoría de los expulsados son inquilinos. Esta misma semana debe marcharse un matrimonio con niños

10 ene 2018 . Actualizado a las 20:59 h.

Las órdenes de expulsión de hipotecados e inquilinos morosos de Vigo han aumentado un 8 % en lo que va de año. En total, los jueces enviaron 407 resoluciones al Servicio Común de Notificaciones y Embargos desde enero, lo que supone tres desalojos cada dos días. La cifra real de ejecuciones de desahucio es aún mayor y alcanza los 420 casos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre porque la comisión judicial tuvo que cumplir órdenes atrasadas de la Navidad del 2016.

La estadística del servicio de notificaciones revela que este año hay un repunte en el número de órdenes judiciales para cambiar las cerraduras de los inmuebles embargados y entregarlos al banco o al casero. Sin embargo, la cifra de desalojos que efectivamente se realizó se redujo un 2 % respecto a hace un año.

El secretario del servicio, Fernando Varela, cree que en los últimos años la tendencia en los lanzamientos (ejecución del desahucio) apenas ha variado.

El perfil del desahuciado es, en su mayoría, un inquilino que no paga la renta de alquiler al casero. Esta misma semana se va a expulsar a un matrimonio con varios niños porque agotaron la prórroga que el servicio común de notificaciones les concedió en junio por razones de vulnerabilidad al tener a su cargo a hijos menores. Los funcionarios ya tienen constancia de que la pareja ha logrado una vivienda social a la que mudarse por lo que procederán a su inmediato desalojo.

También requisan bienes a los hipotecados que no pagan las cuotas de plazas de garaje, naves, locales o chalés. «Cuando llegamos, la mayor parte de los pisos están vacíos y es raro que haya alguien», afirma Varela.

Añade que la nueva ley protege al inquilino o al hipotecado. «Se les dio muchas facilidades a la gente en precario y las normas favorecen que haya pocos desalojo de viviendas», dice. Pero el hecho de añadir más demoras en los desalojos tiene efectos secundarios porque el coste económico recae ahora en el casero o el banco acreedor que deben esperar a recuperar su propiedad.

Añade que, con las reformas legales, los hipotecados están más protegidos y tienen hasta un año de margen para buscar una alternativa de alojamiento. Precisamente, ayer la comisión judicial requisó un chalé de Saians de una empresa. «Fue al concurso de acreedores y las normas son para las personas físicas», dijo.