El 53 % de los vigueses están expuestos a un volumen por encima del cual se pueden producir daños para la salud
14 sep 2017 . Actualizado a las 12:53 h.«He tenido que subir el volumen hasta que se ha puesto el aparato en rojo y aún así no oía bien la música al pasear por el centro de la ciudad», comentaba ayer un joven que había estado caminando por García Barbón. El 53 % de la población viguesa soporta unos niveles sonoros por encima de los 65 decibelios, un límite máximo a partir del cual se pueden producir daños para el oído. Son datos de un estudio del Ministerio de Medio Ambiente al que el Concello ha restado importancia. Y frente a esta problemática que incide en la salud, la Policía local de Vigo solo cuenta con un experto capacitado para medir adecuadamente el ruido en la vía pública y en el interior de casas y locales.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos López Font, confirmó ayer que esta persona se encuentra de vacaciones. Aunque cuenta con la ayuda de varios compañeros para estas tareas, sin su presencia no es posible llevar a cabo una correcta medición dada la complejidad técnica que tiene. «Los agentes necesitan una formación específica para llevar a cabo estas mediciones», explica el concejal responsable del área. El cuerpo policial cuenta con dos equipos de medición, uno más antiguo y otro de última generación. El que se encuentra en revisión en Madrid es el primero. Se envió en fechas estivales porque es «cuando toca la calibración», independientemente de que la fecha sea más o menos propicia, explica el edil. Font asegura que los aparatos «son delicados» y «no podemos permitir que se produzcan inexactitudes» por eso son custodiados «con mimo y celos». El concejal no sabe cuando el equipo estará de vuelta porque «otros años han tardado cierto tiempo». Se trata de comprobar que los datos que se miden se ajusten a la prescripciones técnicas y legales por lo que la revisión es exhaustiva porque si no estuvieran bien calibrados y cometiesen errores sus datos podrían ser impugnados.
Font se refirió también al problema de las terrazas. El concejal desmintió que constituyan «una jungla» y que el Concello no actúe. Asegura que se llevan a cabo inspecciones, se envían los correspondientes escritos a los locales y se tratan de corregir las deficiencias que se advierten. En su opinión, las normas se respetan en general aunque puede haber algún caso de incumplimiento que se trata de subsanar.
El concejal considera que no cobrar por las terrazas, la denominada tasa cero «ha contribuido a la economía de la ciudad».