Cientos de acreedores esperan a que el juzgado de lo mercantil los venda o subaste
08 ago 2017 . Actualizado a las 19:27 h.La herencia de la crisis del ladrillo del 2008 todavía ocupa gran parte del trabajo del juzgado de lo mercantil de Vigo. Aunque el tribunal ha campeado lo peor del temporal y apenas declara concursos de acreedores, los rescoldos de las industrias quebradas siguen humeando. Y prueba de ello es que el juez tramita un centenar de liquidaciones de patrimonios entre medio millar de empresas arruinadas en Vigo en nueve años. El dinero recaudado con la venta directa o la subasta de las fincas, naves y pisos que conforman los activos de dichas firmas es destinado a saldar las deudas con los acreedores. En muchos casos, se trataba de empresas zombi sin nada con valor.
El proceso de liquidación comienza cuando fracasa el plan de viabilidad de la empresa que entró en concurso de acreedores y no logra un pacto para hacer una quita. El administrador concursal busca primero algún comprador que ofrezca un buen precio por los bienes de la firma quebrada y el juez de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo da la oportunidad a otros de mejorarlo antes de aprobar la venta.
Tras agotar las posibles ventas a precio de mercado, el juez saca a subasta lotes del patrimonio, que incluyen inmuebles, acciones, concesiones y derechos.
Algunas liquidaciones se eternizan. Un ejemplo es la promotora Promalar, cuyo proceso se remonta al 2012. La subasta de sus parcelas en Cangas y Bueu y de sus edificaciones en Redondela y Vigo se ha ido sucediendo. El juzgado llegó a celebrar pujas con valores tasados en 60 millones.
Conectada con esa liquidación está la de la conservera Bernardo Alfageme. El juzgado adjudicó sus marcas, como Miau, y la fábrica y buque insignia de la calle Tomás A. Alonso, que adquirieron los bancos acreedores Abanca, Pastor y Popular por 11 millones. Hace unos meses se subastaron sus últimas fincas en O Salnés y una caseta de Bouzas y el proceso está casi finalizado.
Otras liquidaciones importantes en marcha son la de la inmobiliaria Mario Puentes, la firma de limpieza Linorsa. La de Hidroscivil acabó hace 2 semanas.
El tribunal ha declarado 18 concursos de acreedores en lo que va de año
El goteo de firmas arruinadas todavía continúa pero solo supone la quinta parte de lo registrado en los años más duros de la crisis, entre el 2012 y el 2014, cuando se alcanzaron o superaron el centenar de concursos de acreedores.
El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, ha tramitado en lo que va de año 18 concursos, lo que supone un 30 % menos que en el ejercicio pasado, cuando a estas fechas había declarado 26.
Estas cifras son ligeramente superiores a las registradas en el 2015, año en que se tocó fondo en las quiebras, que ni llegaron a la treintena. La cifra volvió a subir en el 2016 hasta los 40 y ahora hay otro descenso. En todo caso, la oleada de suspensiones de pagos parece ser cosa del pasado. En el 2010, con la crisis del ladrillo, cayeron inmobiliarias y promotoras, a las que siguieron en el 2013 el desplome en cadena de varios astilleros a los que, a la falta de pedidos, se sumó la polémica tax-lease. Por el camino, arrastraron a decenas de auxiliares del naval y otros talleres.
En los últimos años, las quiebras han sido diversas pero encuadradas dentro del sector servicios y comercial. Aquí se encuentra la entrada en concurso del Real Club Náutico de Vigo, que está pendiente de celebrar una junta de acreedores para reordenar los pagos y aprobar un convenio. La lista continúa con Linorsa, la adjudicataria Pazo de Congresos de Vigo, la firma deportiva Naffta, así como pequeños negocios como papelerías, peluquerías o los restos de filiales de grandes inmobiliarias como Promociones Cantón Las Barreras.
Más de medio millar de firmas de la ciudad suspendieron pagos en 7 años
Los concursos de acreedores fueron diseñados para que las empresas que suspendían pagos reordenasen su deuda para salir a flote pero, en realidad, ocurrió lo contrario. Más de medio millar de empresas de Vigo iniciaron ese trámite desde el 2010 y solo un puñado sobrevivió. Prueba del fracaso de los procesos de concurso es que, solo en el 2015, el juzgado de lo mercantil en Vigo aprobó cuatro convenios que salvaron a empresas pero puso en marcha 30 liquidaciones, gran parte de las cuales siguen en desarrollo a día de hoy. Hay que tener en cuenta que desde el 2010 el juzgado ha declarado entre 70 y 100 concursos al año aunque a partir del 2015 la media cayó a 20 o 30 quiebras. Y muchas de estas liquidaciones fueron de empresas «zombi» desprovistas ya de patrimonio y plantilla. Otras grandes compañías lograron salvarse, caso de los astilleros Vulcano y Barreras.