Los trabajadores protestan porque no cubren vacaciones ni se reconocen horas extras
29 jul 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El servicio de Benestar Social del Concello de Vigo funciona con un retraso de seis meses para la tramitación de ayudas económicas. Una familia sin recursos para pagar sus recibos que acuda a pedir auxilio a los servicios sociales del Ayuntamiento se encontrará con una espera de un mes solo para ser atendida. Tras ese primer encuentro para valorar la situación, el plazo para la entrevista con las trabajadoras sociales para gestionar una solución a sus problemas supera el medio año. «Es insostenible», alertan fuentes del Servicio de Benestar Social. «Hay unas noventa solicitudes pendientes en cada uno de los buzones, multiplica por los 16 que hay en las cuatro oficinas y verás cuántos casos están sin resolver», aseveran. Unos 1.500 vigueses están a la espera de recibir la ayuda de este servicio municipal.
No obstante, el gobierno local dispone de mecanismos para evitar que estas familias acaben en la calle. «Reciben una ayuda de emergencia para pagar facturas que las reparte una comisión que se reúne de forma semanal». Un remedio que no resuelve los problemas del servicio.
La crisis de Benestar Social no afecta solo a los vecinos que buscan ayuda. Los profesionales que la prestan están todos los días al borde del colapso. Protestan porque la plantilla es demasiado corta para atender las demandas de la sociedad local, además una parte de la misma está en régimen de reducción de jornada por asuntos personales. Otros están de baja por el estrés provocado por el elevado volumen de trabajo y algunos están de vacaciones. Un derecho al que muchos temen acogerse, porque «a la vuelta nos espera todo el trabajo acumulado». Y eso que todos hacen horas extras para tratar de agilizar los expedientes.
Reconocen que el gobierno local realiza inversiones en este departamento, «pero son insuficientes». Ante las quejas de los trabajadores, se llevaron a cabo varias contrataciones por un período de seis meses, pero muchos de estos contratos ya expiraron y ni se les dio continuidad ni se llevó a cabo otro proceso de selección, denuncian.
«Recursos Humanos debe sentarse con Benestar Social para poner arreglo y establecer una política de contratación que no existe. Los contratos se hacen para otros departamentos como el de becas o cheque social. Para atención primaria, no», sugieren fuentes de un departamento que solicitó en varias ocasiones reunirse con el alcalde, Abel Caballero, para exponerle su situación y pedirle soluciones pero «nunca nos recibió», lamentan.
Sin embargo, no albergan grandes esperanzas. «La política social de este gobierno es el de la ayuda extraordinaria a las familias, un programa que no pasa por las manos de Servicios Sociales», recalcan. Y es que la función de este departamento no es solo conceder ayudas económicas. Esa es una medida temporal para dar estabilidad a los usuarios mientras se les ayuda a encontrar una salida laboral. Sin embargo, la saturación del servicio está obligando a dejar de lado estas funciones para tramitar solamente subsidios. Y mientras tanto la lista de espera no para de crecer porque «priorizan dar citas aunque no haya hueco para atender», señalan advirtiendo que los seis meses en los que se mueven ahora, pronto serán superados.
El seguimiento de casos es una de las funciones que la carga de trabajo impide llevar a cabo. «No se hace un buen seguimiento. Debería ser mensual, y estamos dando cita dos veces al año», ilustran. Tampoco visitan los barrios para conocer de primera mano los problemas de la calle o invitar a individuos necesitados a acudir al departamento. Tampoco están colaborando con las parroquias, ni con las asociaciones. «Todo eso se está perdiendo, estamos dejando de lado asuntos importantes y muchas situaciones no las controlamos», advierten. El servicio de ayuda a domicilio y el asesoramiento a familias con problemas que no son de tipo económico tampoco funciona bien.
Asimismo denuncian que el servicio de asesoramiento especializado a inmigrantes fue suprimido. «Ahora se encarga de ello una trabajadora de atención primaria», añaden mientras envidian a municipios como Pontevedra, adonde pidieron el traslado varios trabajadores de Vigo.