La Fiscalía archiva la investigación a los políticos en los casos Patos y Hormigón
28 jul 2017 . Actualizado a las 13:22 h.Los casos de corrupción que afectan a destacados cargos políticos pierden fuerza en el juzgado. Todo apunta a que aquellas investigaciones policiales que llegaron en forma de huracán terminarán como una ligera borrasca en la sala de vistas. Los casos Patos y Hormigón culminarán liberando de responsabilidades a la inmensa mayoría de los políticos que resultaron investigados. En su último informe, la Fiscalía pide el archivo de la causa para todos políticos que estaban investigados en el caso Hormigón. Lo mismo hizo el ministerio público para el caso Patos, en el que ha solicitado que se exima de culpa a todos los políticos salvo a Rafael Louzán.
La fiscala jefa, Susana García-Baquero, no ve indicios de delitos en las actuaciones de José Manuel Figueroa, Isaura Abelairas ni de Santos Héctor Rodríguez. Al menos, no lo suficientemente contrastados como para formular acusación alguna contra ellos. José Manuel Figueroa se encontraba bajo sospecha por la instalación de dos islas soterradas de recogida de basura en Barreiro. Costaron 203.553 euros. Según el interventor general son «vulneradoras de principios fundamentales de libre concurrencia, competitividad e igualdad de méritos». Pero la representante del Ministerio Público no ve claro que fuera Figueroa la autoridad que dio vía libre al gasto. Desconoce quién lo hizo y, por tanto, considera que debe decretarse el archivo contra él y también contra Javier Rivas, que ejercía como gerente de Urbanismo.
La actitud de Isaura Abelairas tampoco es reprochable para la fiscala. Como concejala de Vías y Obras fue investigada por la realización de obras sin expediente administrativo ni procedimiento de contratación. «No consta que fuera la investigada la que dio la orden porque fue verbal y porque cesó en su cargo meses antes de la recepción de la obra, sin que conste la fecha del inicio de las mismas», expresa en su escrito la acusación pública refiriéndose a una de las actuaciones polémicas.
Santos Hector estaba implicado en la investigación por unas trabajos en el entorno de Garavilla, donde se acometió la ejecución de un parque infantil cuando estaba proyectada una pista de petanca y con un exceso de gasto de 10.000 euros. «En este caso no se considera tampoco que derive responsabilidad penal de dicha irregularidad al ser un imprevisto surgido a petición de la ciudadanía», justifica en su informe la fiscala, que recuerda «la dificultad que comporta la delimitación de la línea fronteriza entre la ilicitud administrativa y la penal».
En el caso Patos, Rafael Louzán podría tener que ir a juicio por una presunta prevaricación cuando fue presidente de la Diputación por una adjudicación irregular. Aquí también han sido liberados de culpa el alcalde, Abel Caballero y sus concejales David Regades, Ángel Rivas e Isaura Abelairas, así como el exvicepresidente de la Diputación, José Manuel Figueroa y la antigua delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch.
En ninguna de las obras investigadas dentro de este sumario se observan tampoco amaños, contraprestaciones indebidas, aunque sí irregularidades administrativas que pueden tener un reproche moral, pero no una condena por la vía penal. Ni siquiera se ha podido acreditar que los regalos a los representantes políticos hayan sido recibidos por sus destinatarios, ya que todos ellos lo negaron. El caso seguirá contra 13 investigados, entre los que se encuentra el cerebro de la trama, Enrique Alonso Pais.