La Fiscalía pide al gerente de una oficina jurídica «low cost» 15 meses de cárcel y una multa de 6.300 euros
20 jul 2017 . Actualizado a las 17:19 h.El primer bufete de abogados de bajo coste de Vigo reducía gastos hasta el punto de que su gerente se hizo okupa en el despacho que estaban preparando y se enganchó a la red de suministro público desde una ventana con un cable conectado a una farola. Mientras tanto, su socio, que no sabía nada, continuaba asumiendo la mitad de las rentas del local comercial que habían alquilado a su nombre en la calle Manuel Martínez. Ocurrió entre noviembre de 2013 y diciembre de 2014, cuando el gerente acabó siendo desahuciado.
Antonio B. A. se sentó ayer en el banquillo del juzgado de lo penal número 3 de Vigo acusado de un delito de hurto y otro de daños. Presuntamente causó numerosos destrozos y se llevó muebles cuando su compañero descubrió la verdad y lo denunció. Antonio G. llamó a un cerrajero que le abrió la puerta y vio una cama y una nevera donde creía que iba a estar su oficina. Su socio llevaba meses dándole largas cuando le preguntaba cómo iban las obras de adecuación del nuevo despacho, desde donde pensaban captar más clientela. «Mi finalidad era ver cómo estaba aquello y cambié la cerradura para que dejase de estar allí, pero con la intención de devolverle sus cosas», manifestó durante el juicio. El okupa puso una tercera cerradura y siguió viviendo ahí otra temporada.
El dueño de las instalaciones corroboró los daños que observó una vez que el piso quedó vacío. «El baño estaba destrozado, los azulejos rotos, así como el bidé, la ducha y las conducciones de agua. Las paredes desconchadas, había un montón de escombros y todo estaba lleno de cosas inservibles. Eso fue a conciencia, intentando romperlo todo», relató el propietario del local. Además echó en falta dos sillones de oficina, cuatro sillas, una mesa y un termo. Hasta el momento nadie le ha indemnizado y reclama lo que le corresponda. Al principio no había querido alquilar la oficina al acusado porque no le inspiró confianza al hacerle una propuesta sin la firma de ningún contrato. Por eso Antonio B.A. mandó al socio, que estaba a punto de terminar la carrera de Derecho y de colegiarse, para que formalizara un contrato en una reunión en la que el acusado estuvo ausente. «Ya le dije después que si hubiese sabido que estaba el otro detrás, no le habría alquilado la oficina», dijo el dueño del piso, que comparte la propiedad con su madre y un hermano.
El acusado negó los hechos que le imputan. No ocultó que solía dormir ahí. «Lo habité como una solución porque vivía en Caldas de Reis y cuando salía tarde de trabajar perdía el autobús. Quedamos en que yo le daría 50 euros al mes a mayores», manifestó.
Sin embargo, negó que causara ningún daño ni que se llevara enseres de la vivienda que no fueran suyos. «Cogí el local en perfectas condiciones y lo devolví en perfectas condiciones», insistió. El fiscal no creyó su versión y elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación. Reclama una pena de 15 meses de prisión por el delito de hurto y una multa de 6.300 euros por el de daños, cantidad en la que fueron tasados los destrozos.
El dueño recibió facturas de agua de 21.000 euros
El alquiler del local comercial al acusado estuvo a punto de suponer la ruina para los propietarios. Recibieron de la empresa Aqualia un recibo de 12.000 euros y otro de más de 9.000. «Hablé con la empresa y conseguí que me quitaran el primero, pero madre pagó más de 8.000 euros y aún le quedan mil por pagar», dijo en el juicio. Dejaba los grifos abiertos y provocó una inundación en el garaje. Cifran en más de 20.000 euros los gastos que les ocasionó el inquilino.