El fiscal ve prescrito el delito porque pasaron 26 años desde la venta fraudulenta de Álvarez y los acusados culpan al INI y la Xunta
27 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El proceso por la venta de GEA podría quedar impune tras 26 años de investigaciones desde que en 1991 el Estado vendió el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) a una competidora sevillana. Al poco, la firma viguesa acabó descapitalizada y en quiebra, pero no ha sido hasta ayer cuando ha arrancado el juicio por un supuesto alzamiento de bienes. El fiscal pide la prescripción del delito por la tardanza del juicio. El tribunal decidirá en sentencia ya que la acusación particular mantiene todos los cargos.
La mayor ceramista de España, con una gran fábrica en Cabral, era en 1991 una empresa pública zombi con millares de trabajadores que sobrevivía con ayuda estatal. Según la acusación, fue privatizada para que los compradores la reflotasen pero, nada más tomar el control, la descapitalizaron y trocearon al estilo de los tiburones financieros. El fiscal acusó en su día a los ejecutivos de crear sociedades instrumentales como Vanosa para hipotecar fincas y obtener préstamos sin reinvertir en el negocio.
Por su parte, los acusados culpan al Instituto Nacional de Industria (INI) de haber incumplido su promesa de inyectar más subvenciones, a la Xunta por no brindar el aval prometido y al «tiburón» Enrique Tatai, por lanzar un plan de viabilidad que fracasó.
En la primera sesión del juicio, el fiscal retiró su acusación y pidió a la quinta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, que declare prescrito el delito de alzamiento de bienes porque la primera denuncia due en 1996 y el escrito de acusación data del 2002. Aplica la ley más favorable al reo que archiva un delito tras tres años sin acciones.
El juicio sigue porque, según el fiscal, no han prescrito los delitos agravados que proponen extrabajadores de GEA que ejercen la acusación particular porque no transcurrieron diez años. El grupo GOG reclama 22 años de cárcel en total por estafa, contra la seguridad de los trabajadores, apropiación indebida y alzamiento. Prevén rebajar su petición por las dilaciones indebidas.
Los empleados reprochan que el INI vendiese GEA por cien millones de pesetas (600.000 euros) y luego el nuevo dueño sacase dinero de la caja para pagar la venta. «GEA se compró a sí misma», critica un denunciante.
5.000 millones de deuda
De los cinco directivos acusados, solo dos, Vicente Mata y José Orozco, se sentaron en el banquillo. El empresario valenciano Enrique Tatai está fugado desde enero del 2016 y los hermanos Mariano y Francisco Jiménez ocupan silla en el estrado como abogados defensores. Uno representa al otro, y viceversa.
Vicente Mata equiparó la compra de GEA con «una operación política» similar a la venta del Popular por un euro. Francisco Jiménez, socio de Estrudesa, alegó que había un pacto con el INI para pagar un precio ficticio o simbólico. «GEA estaba mal, no valía cien millones de pesetas sino menos que cero; tenía deudas de 2.000 a 5.000 millones de pesetas [de 12 a 30 millones de euros]», dijo. El INI les dio dinero «camuflado» en una ayuda de 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros) y luego lo devolvieron al Banco Exterior de España. Así lo confirmó Mata, que sacó seis talones de GEA y los llevó al banco según lo pactado. «Dejamos el dinero en GEA, estaba muy endeudada, fue el INI el que burló al Consejo de Ministros [que aprobó la venta] y no nosotros», alegó Jiménez.
Un extrabajador: «Nuestra ilusión era que el INI estuviese sentado aquí»
Ángel Prado y otra treintena de compañeros acudieron ayer al juicio como público. En un receso, el extrabajador explicó que «nuestra ilusión era que fuese juzgado el INI que vendió GEA y que estuviese sentado aquí. Hemos insistido, lo han puesto, lo han quitado. No sabemos quién tiene interés en que no esté aquí. El vínculo del gobierno PSOE de aquel momento y este juicio era el INI pero, al ser eliminado, se procesa a personas sobre las cuales no tenemos el mayor interés, independientemente de que deseemos cooperar con el fiscal».
El mismo extrabajador señala que «la posición de la Fiscalía es que intenta buscar razones, por muy legales que sean, para archivar este caso. Nos sorprende que, en vez de estar de un lado parece estar de otro», añadió Prado.
Una exempleada se quejó de que el INI «consintió lo que los otros hicieron. Se pagaron a sí mismos y abrieron la caja». Los operarios se sienten perjudicados porque no quedó dinero para pagar salarios, cuotas de la Seguridad Social y fueron despedidos.
Plan de viabilidad erróneo
La defensa insistió ayer en que los nuevos directivos intentaron salvar la empresa pero les fallaron el INI y la Xunta, que querían evitar el escándalo de más despidos en una ciudad castigada por la reconversión. Los andaluces se interesaron por GEA porque era un competidor que hacía dumping con ayuda estatal, lo que iba a ser prohibido por la UE por competencia desleal. Dieron al INI a elegir entre privatizar GEA o pleitear.
El consejero de GEA y director hasta 1996, José Orozco, explicó que, aunque no participó en la operación ni presenció la firma de los seis talones, se dio por sobreentendido que el INI devolvería el dinero a los compradores y se comprometió a asumir los costes de reestructuración para dejar la plantilla en 1.025 trabajadores y aportar 1.500 millones para los ajustes de la transferencia. Incluso se modernizaron los hornos. El incumplimiento del INI metió a GEA en una «vorágine horrible, según Orozco, y «de estas aguas vienen estos lodos».
Los ejecutivos justificaron la creación de Vanosa en 1996, que tenía como capital las instalaciones de GEA y estaba interesado el Bank of America, porque los accionistas segregaron los centros productivos para ser independientes y refinanciarse mejor.
Un implicado aseguró que había un plan de viabilidad para producir 27 millones de piezas en GEA pero «lo firmaron sin nuestro consentimiento; no era viable, era un error y una locura». Y Vicente Mata añadió: «El INI se iba haciendo el loco».