Más de un año de retraso para hacer informes de menores para custodias

Jueces de familia piden explicaciones al gabinete psicosocial por el atasco «endémico»


vigo / la voz

El equipo psicosocial de los juzgados de Vigo, que depende del Imelga, ha comenzado a escribir los informes periciales sobre las evaluaciones a menores que los jueces de Familia les requirieron en enero del 2016, con un retraso de año y medio. Estas evaluaciones son clave para que el magistrado dedida a qué progenitor conceder una guardia y custodia del menor o establezca un régimen de visitas. Los pleitos están parados hasta que el Gabinete Psicosocial envía su informe. Por este motivo, algunos jueces de Familia han remitido numerosos recordatorios y apremios al equipo y cartas para pedir explicaciones por el retraso «endémico», que llegó a ser de 23 meses hasta que la Xunta envió un equipo de refuerzo que redujo la lista de espera a 16 meses. Pasados tres trimestres, lo retiró y ahora acaba de crear un equipo fijo en previsión de que instale en Vigo un tercer juzgado de familia.

A día de hoy, en Vigo hay tres equipos psicosociales (con seis funcionarios) aunque la plantilla pide otro para desatascar el servicio. Examinan aún expedientes presentados a finales del 2015 y enero del 2016 y hay otros 30 más pendientes de citar desde marzo del año pasado. En la cola esperan pleitos de familia y casos de violencia doméstica o malos tratos. Los niños están sin ver a su padre si la madre ostenta la custodia provisional mientras el juez no recibe el informe, resuelve sus dudas y dicta sentencia. El proceso se agiliza en casos urgentes.

Una pericial requiere un laborioso trabajo por cada equipo social, integrado por un psicólogo y un trabajador. Deben citar a las partes y entrevistar en la oficina al menor, los progenitores, abuelos y tíos. A veces van a inspeccionar la casa para valorar las condiciones y el ambiente en las que vive el pequeño. «Aquí nos vienen los casos más difíciles», comentan fuentes judiciales. También examinan casos de interferencia parental (manipulación de un hijo para ponerlo en contra del otro progenitor), valoraciones de las suspensiones de la patria potestad y adopciones.

También se dan casos de niños que viven en familias de acogimiento mientras sus padres biológicos pleitean por recuperar la tutela. Mientras se resuelve el informe, los menores crecen en el hogar externo más de un año y cogen cariño a su nueva familia, lo que desvirtúa la evaluación.

Rebelión del gabinete por temor a que la Xunta externalice los informes

Psicólogos sociales y trabajadores sociales de los juzgados mostraron ayer su preocupación por la posible externalización de su servicio de elaboración de informes periciales. Temen que, si se subcontrata el trabajo que ya hacen los funcionarios, pasen a manos privadas datos sensibles sobre la situación de menores inmersos en procesos judiciales de separación que dirimen la custodia o el régimen de visitas o incluso casos en los que la madre sufrió malos tratos.

El debate se vuelve especialmente espinoso después de que los legisladores estudien ser más estrictos con la concesión de visitas a los progenitores condenados por maltratar a las madres o a los propios menores, sobre todo si hay dictadas órdenes de alejamiento.

No es la primera vez que los funcionarios del Gabinete Psicosocial intentan paralizar lo que sospechan que es una «privatización encubierta» del servicio sanitario en el ámbito judicial. Lo ven como un paso más para desmantelar desde la Xunta parte de la estructura pública del Imelga transfiriendo parte del trabajo a entes privados que, como mínimo, cobran sus peritajes a precio de mercado.

Sus temores se han visto respaldados porque altos cargos del Imelga acaban de solicitar al gabinete que les entreguen la lista de expedientes que están pendientes de resolver, se supone que para, en un futuro, repartir esos casos entre los externos.

El argumento de la Administración es que necesita contratar temporalmente a más psicólogos y trabajadores sociales para desatascar la entrega de informes periciales pero los titulares se preguntan por qué la Xunta no recurre simplemente a llamar a los colegiados apuntados en la lista de interinos para reforzar rápidamente el servicio.

Hace unos años, la Xunta sondeó la posibilidad de contratar a trabajadores externos (a través de un convenio del Colegio de Psicólogos) para agilizar la lista de espera. En aquella ocasión, los funcionarios, que temían que se subcontratase el servicio, alegaron que no se podía hacer los peritajes con un solo psicólogo social porque hace falta el criterio y firma de un trabajador social, pues cada equipo está formado por estos dos profesionales. Hacer lo contrario sería un fraude porque se restaría calidad al servicio.

Así lograron frenar el primer intento de externalización pero ahora temen una nueva acometida. Creen que la Xunta va a firmar un convenio con los colegios profesionales para que personal contratado por ellos realice las periciales de familia. Los funcionarios psicosociales replican que esto supone la externalización del servicio y ponen varias objeciones. Por un lado, los trabajadores externos accederían a datos privados y sensibles de los menores, colectivo especialmente vulnerable y que goza de la protección de la Fiscalía. Por otro, el convenio no obligaría a contratar a los graduados en Psicología que se han apuntado a las listas de la Xunta para ejercer como interinos sino que el colegio podría elegir a los trabajadores que prefiriese o hacer su propia lista. La solución que proponen es que la Xunta, o bien contrate más interinos para reforzar el servicio y reducir el atasco de la elaboración de informes, o bien cree un cuarto equipo psicosocial con personal fijo.

Otro problema es la falta de espacio del gabinete hasta el punto de que la sala de espera donde los niños tenían juguetes para entretenerse se han convertido en un nuevo despacho. Los juguetes siguen ahí pero los niños esperan, a veces, en el pasillo.

La sala de espera donde los niños tenían juguetes ha sido reconvertida en un despacho

Temen que personal privado acceda a datos íntimos de menores inmersos en pleitos

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