Gobierno local y oposición popular se enzarzan: el alcalde destaca el esfuerzo que se realiza en este campo y el PP considera que son muy pocos policías
13 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Medio lleno o medio vacío, todo es cuestión de como se vea el vaso. El alcalde y la portavoz del PP coinciden en el dato esencial: que 6 policías locales de la ciudad se dedican de manera exclusiva a la vigilancia de mujeres amenazadas por sus parejas, pero disienten en el diagnóstico. Abel Caballero cree que Vigo hace un gran esfuerzo, que cifra en 709.000 euros anuales, y Elena Muñoz considera «claramente insuficiente» que seis policías se dediquen a controlar 179 órdenes de alejamiento.
La iniciativa en este caso partió del PP, que recuerda que fue la alcaldesa popular Corina Porro la que puso en marcha la EVAP (equipo de vigilancia y apoyo policial) para colaborar con la Policía Nacional en la lucha contra las agresiones machistas. «Eso ocurrió en el 2006, sin que desde entonces se haya dotado de más medios al equipo pese al crecimiento de estos delitos».
Muñoz reclama un incremento de al menos un 50 % en el número de agentes «de una unidad a la que nosotros reconocemos su gran trabajo». Eso en una primera fase con el objetivo puesto en duplicar la actual plantilla.
Más lejos todavía, la ejecución del acuerdo de la Junta Local de Seguridad del 2012, donde se acordó la creación de un grupo de policía judicial en el cuerpo municipal, «de modo que la EVAP podría investigar y tomar la iniciativa. Pero cinco años después, nada se sabe de esta posibilidad». En ese año, el subdelegado del Gobierno en la provincia era Antonio Coello (PP), que llegó a este pacto con el gobierno socialista vigués.
La ratio adecuada de mujeres amenazadas por agente la sitúa el PP en 20 por policía «ya que deben realizar un trabajo individualizado y un seguimiento personal de las víctimas, que incluye una disponibilidad durante las 24 horas del día. Las estadísticas constatan 6.400 gestiones de los agentes a lo largo del año, por lo que resulta imprescindible un refuerzo», señaló.
Caballero evitó responder a estas demandas y se limitó a cifrar el gasto en la defensa de las agredidas. También aseguró que cuando llegó a la alcaldía «había agentes destinados a escoltar al alcalde y ahora vigilan a las mujeres amenazadas». Según sus cálculos, la cifra total de beneficiadas por la actividad del EVAP en algo más de una década totalizan 1.300.
En el plano económico, la cuenta fundamental es el mantenimiento del centro de atención para toda Galicia, que el Concello sufraga con 250.000 euros anuales, aunque hay otras aportaciones. En paralelo, el gobierno local tiene alquilados varios pisos para que sean ocupados por mujeres víctimas de violencia de género cuando salen del centro, a los que destina 157.000 euros.
El computó económico se completa con 53.000 euros de ayudas directas sin concretar y otros 153.000 del servicio de atención domiciliaria a la infancia junto con la financiación casi total de la Rede Veciñal de Mulleres contra os malos tratos.