El experto analizará hoy en Vigo las lagunas legales del automóvil sin conductor
24 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El abogado y socio de Garrigues José María Anguiano Jiménez sigue de cerca los proyectos de legislación del Parlamento Europeo en relación a los proyectos más visibles de la Industria 4.0: los coches autónomos y los robots con inteligencia artificial. «El coche autónomo ya es una realidad y es urgente legislar sobre ello», dice. El experto de Madrid tuvo ayer una reunión de trabajo en la Universidad de Vigo y, a su salida, comentó que «alrededor del campus se ha creado un ecosistema de empresas que funcionan como correa de transmisión de conocimientos y que realmente es envidiable».
Anguiano aclarará hoy en una jornada sobre responsabilidad civil las dudas legales que planean sobre a quiénes corresponde costear los daños que causen los coches autónomos cuando, por ejemplo, causan un accidente. Su aprendizaje está muy avanzado y pronto rodarán por las calles. Las jornadas son organizadas por el Colegio de Abogados de Vigo y se celebran en el salón de actos de la delegación de la Xunta. Explicará la responsabilidad civil que se deriva de la Inteligencia Artificial. Desde el año 2004, Anguiano coordina el Foro de las Evidencias Electrónicas, un think tank de prueba electrónica y es secretario general de la Asociación Española de Derecho de la Propiedad Intelectual y profesor de esta materia en el Icade.
Sostiene que la UE entiende que la legislación sobre los coches autónomos ha de ser urgente para evitar que otros países se adelanten y apliquen su propia jurisdicción como ha sido el caso de las redes sociales, tema del que también hablará. Europa y la propia DGT saben que los coches autónomos y los robots obligarán a cambiar la normativa en cuanto a responsabilidad civil de los estados miembros. «Habrá un panorama disruptivo», dice. En función del grado de autonomía, la responsabilidad se trasladará a la máquina.
La propuesta es que los coches sin conductor tengan una responsabilidad objetiva y los fabricantes, conductores y usuarios paguen las indemnizaciones. En el caso de la inteligencia artificial, la UE planea dotar a estos robots de personalidad jurídica independiente que los diferenciaría de las cosas. Serían personas electrónicas con derechos y deberes y con una fiscalidad propia para pagar la renta mínima a los desempleados y sufragar así la Seguridad Social. La idea es crear un seguro o un fondo de contingencia para cubrir los daños ocasionados por estas máquinas pensantes. «En cuanto tengan capacidad cognitiva espontánea, que se nutrirá del Big Data, los robots con Inteligencia Artificial se volverán imprevisibles y necesitarán un seguro obligatorio para resarcir a los perjudicados», dice.
«Actualmente, los coches autónomos no son inteligentes pero hay en ellos cierto grado de automatismo», afirma. Ve un crecimiento exponencial con esta nueva tecnología y recuerda que empresarios y pensadores como Elon Musk (el dueño de Tesla que quiere montar una fábrica de baterías en Portugal) o el astrofísico Stephen Hawking han alertado de los peligros de la inteligencia artificial para la humanidad. «Los expertos estiman que en tres décadas llegaría el Singularity Day, el día en que la Inteligencia Artificial supere al cerebro humano», afirma.
Anguiano también abordará las condiciones que firman los usuarios de las redes sociales como Facebook o Google en las que se aplica la extraterritorial de la responsabilidad civil norteamericana. Esto significa que cuando el usuario acepta las condiciones del servicio, si luego quiere hacer alguna reclamación (por ejemplo, el uso de sus fotos o datos), tendría que plantear el litigio ante un tribunal del estado California, única autoridad para resolver las controversias. «Firmamos contratos sin leerlos y cambiamos nuestra intimidad por servicios gratuitos de aplicaciones como WhatsApp. Nuestros datos los usan para los mapas de Inteligencia Artificial y aprender sobre el comportamiento humano», dice este abogado. «Esto no lo dice un iluminado sino los estudios previos de la UE», añade.
También lagunas legales que afectan al funcionamiento de la economía colaborativa porque exoneran a webs tipo Wikipedia y a los servicios de intermediación como buscadores, servidores caché o hostings.