Carece de NIF al no lograr que la Xunta la inscriba en el Registro de Entidades por su choque con Caballero
22 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El presidente del Área Metropolitana, Abel Caballero, ni siquiera puede contratar un abogado para defender la pervivencia del nuevo ente frente al intento de la Xunta de suspenderlo cautelarmente, algo que decidirá un juez de Vigo. Ante ello, el secretario del Concello vigués, que actúa como tal en el Área, es el encargado de la defensa jurídica de las tesis del alcalde de Vigo y del conjunto de los regidores de izquierda. Los del PP, por el contrario, respaldan al Gobierno gallego.
Caballero expuso este dato como prueba de la penuria de medios en que se desenvuelven en esta conflictiva etapa inicial, que puede durar solo unas semanas. Todo depende de si el juez acepta la tesis de la Xunta, que pide su paralización para evitar daños de difícil reparación, o bien permite que siga hasta fallar sobre el fondo del asunto.
Y no puede contratar un abogado que defienda su mantenimiento porque el Área Metropolitana oficialmente no existe a efectos de la Xunta. Motivo: la Consellería de Presidencia no la inscrito en el registro de entidades locales. Y como no está inscrita carece de NIF (número de identificación fiscal) y en esas condiciones está incapacitado para cualquier contratación.
El alcalde puso ayer este ejemplo de lo que considera un bloqueo político por parte de la Xunta, pero, pese a ello, garantizó que llevará la defensa del Área hasta el final. Y en ese cometido cuenta con el respaldo sin fisuras de los alcaldes del PSOE, BNG y Marea que, pese a los matices, lo respaldan.
Xosé Manuel Pazos, alcalde de Cangas y vicepresidente metropolitano, lo escenificó ayer una vez más tras una reunión del gobierno comarcal. Él y los demás alcaldes (salvo Vigo, que ya lo hizo) van a presentar alegaciones contra la demanda de la Xunta de suspensión parcial. Y aunque no lo han hecho público, es posible que los seis del PP hagan lo mismo pero en sentido contrario, para que se acepte la suspensión mientras Vigo no se incorpore al transporte metropolitano.
El impasse puede que se resuelva pronto. Pazos expresó su confianza de que sea en la segunda mitad de marzo, una decisión que tiene de los nervios a ambas partes. Las dos son conscientes de que quien gane ahora tiene una gran baza. Si es la Xunta, borrará del mapa el Área hasta que haya una solución definitiva, lo que tardará unos dos años y ya estaremos en las municipales del 2019. Si es Caballero quien logra el triunfo, podrá seguir presidiendo el organismo, aunque con capacidad limitada dado el veto de la Xunta.
Lo que resulta evidente es que después de décadas de espera para lograr un consenso y de dos leyes, el pacto político saltó por los aires a la primera de cambio. La Xunta considera que se ha incumplido un requisito esencial, que figura en la ley de creación, que exige la puesta en marcha efectiva del transporte metropolitano, tesis que respaldan los alcaldes del PP. Del lado contrario, Caballero y los otros siete regidores de izquierda no están de acuerdo y quieren que siga funcionando.
Mientras espera, Caballero utilizó ayer un argumento hasta habitual de la Xunta. Insiste en que Vigo quiere el transporte y que la negativa de la Xunta está causando daño a todos los vecinos porque no se benefician nada al usar Vitrasa. Por su parte, el PP quiere que el beneficio sea mayor. Desde fuera, los ciudadanos asisten a un conflicto que muy pocos entienden.