También busca a un testigo que no fue interrogado porque estaba en el extranjero
31 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La investigación de la trama Patos de tráfico de influencias llega a su fin tres años después de arrancar. La jueza de instrucción número 7 de Vigo se plantea cerrar el caso una vez que el uno de marzo preste declaración el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en calidad de investigado. Si ningún sospechoso más solicita ser interrogado, la magistrada dará traslado al fiscal para que decida contra qué investigados continúa el proceso y contra cuales archiva el caso. Luego, la titular decidirá a quienes exime y a quienes procesa y abre juicio oral contra ellos.
El caso llevaba semanas parado y la titular estaba pendiente de uno de los flecos pues está a la espera de localizar a un testigo que, en su día, no pudo declarar por hallarse fuera de España. Es una de las pocas gestiones que faltaban por concluir. Sin embargo, hace unos días, el expresidente Louzán pidió prestar declaración voluntariamente, ya que no lo había hecho cuando hace un año lo había llamado la jueza para interrogarlo. En aquella ocasión, alegó que la Audiencia Provincial aún no había decidido si anulaba o no las escuchas telefónicas que sustentaban toda la investigación. Muchos de los implicados optaron también por guardar silencio porque no sabían si el caso se iba a cerrar. Pero hace más de medio año, la Audiencia aceptó las intervenciones telefónicas y la investigación siguió adelante.
No ha sido hasta ahora cuando uno de los implicados pidió hablar por primera vez meses después de conocerse el dictamen de la Audiencia y cuando habían concluido las rondas de interrogatorios. La duda es si Louzán será el único que se acoja a su derecho a declarar de nuevo o le seguirán muchos otros que en su día guardaron silencio, lo que podría dilatar más meses el final de la instrucción.
A nivel judicial, las declaraciones ya han sido tomadas formalmente, aunque muchos investigados se acogiesen a su derecho a callar. Ese hecho es intrascendente para el tribunal y no impide que cierre el proceso cuanto antes. Cuestión distinta es si los investigados solicitan hablar ante la jueza, trámite que debe celebrarse.
La jueza de la Patos, María del Carmen García Campos, y la Fiscalía de Delitos Económicos investigan desde el 2014 una red de contactos entre dos empresarios de la construcción y políticos y funcionarios de los ayuntamientos de Vigo, Nigrán, Ponteareas, Pontevedra, Ourense y Santiago, así como altos cargos del Consorcio del Casco Vello, la Diputación de Pontevedra e incluso una asociación vecinal. Supuestamente, los miembros de la red amañaban concursos de obra pública o se intercambiaban favores para contratar a enchufados o reparar vías públicas.