Caballero se refuerza en la polémica del Área con el respaldo sin fisuras de la Marea
VIGO CIUDAD
El alcalde asume que el organismo metropolitano «estará dos años en los tribunales». El PP queda aislado
31 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los tres concejales vigueses de la Marea creen que la Xunta debe inscribir el Área Metropolitana en el registro de entidades locales de Galicia. También, que el Gobierno gallego debería retirar el recurso contencioso administrativo contra su constitución «e aceptar que está legalmente constituída e funcionando». Y en tercer lugar, «recoñecer que o Concello de Vigo está totalmente integrado no transporte metropolitano de Galicia».
Estas fueron las tres mociones que el gobierno socialista presentó al pleno de ayer y todas ellas fueron aprobadas por los 20 votos de los concejales del PSOE y de la Marea. Por si no fuera suficiente, el mismo resultado se produjo con la propuesta del PP, que reclamaba al alcalde «cumprir coa súa palabra, coa sinatura do convenio e coa lei incorporando a Vigo ao transporte metropolitano», solo que en este caso fue para rechazarla.
De esta manera se escenificó una completa coincidencia de criterios entre el PSOE y la Marea en el asunto que monopoliza la gestión municipal en los últimos tiempos. Una importante consolidación de las tesis que defiende Caballero, aunque a estas alturas todo depende de los que decidan los jueces ya que el contencioso de la Xunta no tiene marcha atrás. Por tanto, si el juez de Vigo al que ha correspondido el caso acepta la medida cautelar pedida por el Gobierno gallego el Área quedará temporalmente varada; en el supuesto contrario, seguirá funcionando pese al veto intentado por el PP.
3 millones de euros
El socialista Carlos Font fue el encargado de defender la posición del gobierno local mientras la titular de Transporte, Ángeles Marra, guardaba silencio. Entre sus argumentos, llamó la atención que por primera vez el Concello vigués ponga cifra al coste que supondría permitir que los vecinos del Área puedan utilizar Vitrasa a precio reducido sin tope alguno. Aseguró que estaría entre los 2 y los 3 millones de euros, una cantidad que lastraría las cuentas municipales.
Esta negativa fue calificada por Elena Muñoz, portavoz popular, como «la gran estafa» y el incumplimiento del convenio del transporte metropolitano firmado el 6 de julio pasado por Feijoo y Caballero. Por su parte, el alcalde reiteró, y la Marea asumió sin duda alguna, que el convenio se cumple autorizando (y subvencionando) los viajes de vecinos del Área en autobuses de Vitrasa siempre que se enmarquen en desplazamientos metropolitanos. PSOE y Marea reiteraron que al existir una discrepancia la solución no es intentar paralizar el Área Metropolitana sino acudir al juzgado para solventar la discrepancia.
El único desmarque de la Marea fue poner el acento en la concesión de Vitrasa, que finalizará en tres años, recalcando que sus condiciones son lesivas para el Concello vigués. Por ello, apuesta por la gestión del transporte urbano mediante una empresa pública, cuestión que ahora no corresponde.
En el largo debate se produjeron momentos de tensión y desde el PP se atribuyó al alcalde considerarse «por encima de la Ley, pero la Ley va a hablar y esperamos que la escuche». Por su parte, Caballero insistió en que se recurra la interpretación del transporte, que prometió aceptar. En cualquier caso, mostró una completa seguridad en que el recurso de la Xunta será un fracaso. «Vamos a ganar el contencioso, pero el Área estará dos años en los tribunales», asumió.
Las sesiones cambian de día y dos ediles del PP tendrán problemas para asistir
Las sesiones de la corporación viguesa van a celebrarse a partir de ahora los miércoles en lugar de los lunes, acuerdo adoptado ayer con los votos del gobierno socialista, la oposición del PP y la abstención de la Marea. Los populares intentaron evitar el cambio aduciendo que planteará problemas para que estén presentes dos de sus concejales que también son parlamentarios, pero no fueron escuchados.
En la bancada socialista el argumentó no caló, aduciendo que con la única institución que el Concello debe ponerse de acuerdo es con la Diputación, pues los diputados provinciales ostentan dicho cargo debido a que son concejales. En cambio, si un edil es parlamentario, vino a decir Carlos Font, debe buscar la fórmula para compaginar sus obligaciones. La Marea se puso de lado en esta cuestión con el argumento de que están en contra de la acumulación de cargos en la misma persona.
«Decisión unilateral», «talante antidemocrático», «ruptura del consenso» y «medida con una clarísima intencionalidad política» fueron los calificativos con los que Elena Muñoz (PP) saludó esta decisión. Los afectados directos son Teresa Egerique, diputada en el Parlamento gallego desde las elecciones de octubre, y Miguel Fidalgo, senador en Madrid desde el mes de junio. En ambos casos las Cámaras a las que pertenecen celebran sus reuniones los martes y miércoles, con lo que tendrán dificultades para compaginar.
Por lo que se refiere a la Diputación, sus plenos tienen lugar los viernes.
Irritada con la decisión, Muñoz aseguró que «no van a conseguir nada ya que los 7 concejales del PP valen diez veces más que los 17 del gobierno, que tienen a la ciudad en un estado lamentable». Esta afirmación fue recibida con desagrado por los concejales socialistas.