El caso Desirée deja al borde de la quiebra a la clínica que la atendió

El centro médico El Castro presentó el preconcurso y ya negocia con los acreedores


vigo / la voz

El centro médico El Castro presentó el 16 de noviembre el preconcurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo. La clínica privada que atendió la lesión de la gimnasta de élite Desirée Vila en el 2015 tiene hasta marzo para negociar el pago de sus deudas con sus acreedores. La administración del antiguo sanatorio Perpetuo Socorro alegó ante el juez que la entidad entró en una situación crítica a causa del pago de 3 millones que depositó como fianza para asegurar los pagos de las indemnizaciones del juicio y que deberá entregar en caso de condena. La Fiscalía reclama 2,8 millones de euros al acusado, al centro y a dos aseguradoras para compensar a la acróbata de 16 años que perdió una pierna por supuesta mala praxis médica. El sanatorio facturó 7 millones de euros en el 2014, cuando tenía 116 empleados, según el último informe Ardan.

El juicio se celebró la pasada semana en el juzgado de lo penal número 3 de Vigo y está pendiente de sentencia. Pero no ha sido hasta ahora cuando han traslucido los enigmas que envuelven el pago de la responsabilidad civil. La defensa sostiene que este juicio debería haberse tratado por la vía civil y que debería haber más implicados, en referencia a la aseguradora del club y del gimnasio donde ocurrió el accidente, además del hospital Povisa, donde se operó cuatro días después a la joven y le amputó la pierna.

El abogado Manuel Carpintero, que defiende al traumatólogo de El Castro, lamenta que una fianza «desproporcionada» impuesta por el juzgado sitúen al médico y al sanatorio «al borde de la ruina total». El propio doctor, cubierto con un seguro de 150.000 euros, aseguró que el juzgado le embargó su nómina y casa.

La Fiscalía pide que el centro médico sea responsable subsidiario en caso de condena y respondan de modo directo, conjunto y solidario con el acusado las entidades Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), que cubre al doctor, y la compañía Mapfre, por la clínica El Castro.

Aunque el doctor salga absuelto penalmente, todo apunta a que la batalla para determinar la responsabilidad civil entre las aseguradoras se extenderá a los tribunales civiles.

La defensa se pregunta por qué toda la investigación se centró en El Castro y se «olvidó» de la posible responsabilidad del gimnasio Flic Flac, «que deja entrenarse sola a una menor ejecutando saltos mortales sobre la tela elástica sin supervisión de entrenadores y monitores». El abogado del doctor Larrauri se pregunta por qué la Fiscalía se «olvida» de pedir que Allianz, la aseguradora del club, indemnice a la lesionada por el accidente que sufrió en esas instalaciones deportivas.

El letrado también se pregunta por qué se acepta la versión del cirujano vascular del Hospital Povisa, al que reprocha haber «encubierto sus errores» de diagnóstico y de tratamiento con la gimnasta. Se refiere a la operación de bypass (puente entre dos tramos de arteria taponada para reconducir la circulación) que el cirujano practicó de urgencia pero sin éxito y a la que, en opinión de la defensa, le siguió una isquemia (falta de riego) que obligó a amputar la pierna. El cirujano culpó al traumatólogo acusado, al que afeó su demora al diagnosticar la lesión vascular y derivar a la paciente.

Una posible indefensión podría alargar el pleito en el Constitucional

El juicio sobre la lesión podría prolongarse hasta el Tribunal Constitucional porque el actual abogado del acusado ve «indefensión». Manuel Carpintero asumió el caso dos meses antes de arrancar el juicio y, según él, detectó varias irregularidades sobre la forma en la que se defendió desde el primer día al traumatólogo acusado. «Ni hay estudio de la causa ni proposición de prueba por parte de su defensa. Cambió de abogado para inmediatamente establecerse una efectiva estrategia de defensa y la proposición de prueba pertinente», dice Carpintero. Añade que agotó ese tiempo en preparar el juicio e intentar suspenderlo o introducir nuevas pruebas a favor del cliente. «La acusación contaba con toda la documental de El Castro y con más de veinte peritos y testigos peritos», recalca el letrado del traumatólogo Pedro Larrauri. Reprocha que se denegase la admisión de una nueva prueba y ve una posible nulidad.

Carpintero también lamenta que los peritos judiciales en el juicio tomasen como válida una luxación «que no existió», los efectos de la obstrucción trombótica «que se produjo días después y que fue compensada por la circulación colateral suficiente y abundante». La defensa cree que no puede estimarse que la isquemia se produje «ni en El Castro ni a consecuencia de error de diagnóstico ni de tratamiento en dicho sanatorio.

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