Caballero pide al juez que «no avale el chantaje ventajista de Feijoo a Vigo»

El gobierno metropolitano decide hoy los pasos a dar tras el recurso autonómico


vigo / la voz

«Feijoo quiere que el juez avale su decisión ventajista, chantajista y antidemocrática». Abel Caballero reanudó ayer sus ataques a la Xunta tras su decisión de recurrir la puesta en marcha del Área Metropolitana, que el Gobierno gallego considera ilegal por no haber estado precedida de la integración de Vigo en el transporte comarcal.

La crisis política se ha trasladado al terreno judicial y su desenlace, en primera instancia, se producirá en breve. El motivo no es otro que la petición de la Xunta de que, de manera cautelar, se bloquee su funcionamiento. En caso contrario, estima el recurso de los servicios jurídicos autonómicos, podrían generarse daños de difícil solución. Ello pasaría si el gobierno metropolitano toma decisiones en adjudicación de contratos y servicios y el litigio concluye dando la razón a la Xunta de que se constituyó de manera irregular.

Subiendo el tono, el alcalde vigués achaca a Feijoo que materializase «un abuso de poder» por querer paralizar «un área metropolitana elegida democráticamente, constituida con una mayoría y su minoría, y en la que, con la holgura que da la mayoría absoluta, eligió un presidente y posteriormente puso en marcha el gobierno».

Mos y Vigo

Además de cargar contra el presidente de la Xunta, el regidor no se olvidó del PP vigués, al que acusa de hacer seguidismo del la alcaldesa de Mos. «Es un esperpento que ahora [Elena Muñoz, presidenta viguesa] esté a las órdenes de Feijoo pero también de Nidia Arévalo», ironizó.

Aunque en su momento había retado a la Xunta a presentar el recurso contra el Área, Caballero lo ve ahora de otra forma. Fundamentalmente, porque cuando se produzca el dictamen definitivo de los jueces «estaremos próximos a las elecciones municipales», previstas para mayo del 2019. Si el juez acepta la suspensión cautelar del Área, como reclama el Gobierno gallego, su funcionamiento se interrumpirá de inmediato, obviamente lo que preocupa a Caballero y lo que desean Feijoo y el conselleiro Rueda, impulsores del recurso. En caso contrario, seguirá funcionando pese al abandono de seis alcaldes del PP sobre un total de catorce regidores.

Precisamente, para hoy está convocada una nueva reunión del gobierno metropolitano, integrado por cinco alcaldes socialistas y tres de BNG, ACE (Alternativa Canguesa de Esquerda) y Movemento Salceda, los dos últimos próximos a En Marea. En la reunión se decidirán los pasos a seguir tras el recurso de la Xunta. Después, todo quedará pendiente de la decisión del juez, una medida que mantiene en vilo al gobierno vigués y también al Ejecutivo autonómico.

Empiezan las pruebas para validar las canceladoras

El transporte metropolitano, que funciona en precario desde hace casi dos años al no haberse integrado Vigo, es la clave de la mayor crisis política que enfrenta a la Xunta con el Concello vigués o a Feijoo y Caballero, como se prefiera. Antes de su puesta en marcha, y también después, ambas partes han mantenido posiciones enfrentadas, que se daban por superadas tras firmar alcalde y presidente el 6 de julio pasado el convenio de integración de Vigo en el sistema de transporte metropolitano.

Pese a ello, se mantuvo una interpretación divergente, que debe leerse en clave económico-política. Vigo acepta que los viajeros de otros municipios utilicen Vitrasa en el marco de los desplazamientos metropolitanos, pero la Xunta, y los alcaldes del PP, exigen que puedan usar el transporte urbano vigués a precio reducido, como los vigueses, sin limitaciones.

La Xunta asegura que así figura en el convenio, que además remite al plan autonómico que se aplica en estas condiciones en cuatro áreas desde hace años (A Coruña, Santiago, Ferrol y Lugo). Caballero, por el contrario, insiste en que no es así, y que aceptar tendría importantes repercusiones económicas para las arcas municipales de Vigo. Todavía ayer repitió el argumento de que «el PP quiere que Vigo pague el transporte de todo el mundo, lo que no viene en el convenio».

Los municipios populares más interesados en el uso libre de Vitrasa son los de Redondela, por su proximidad, especialmente la parroquia de Chapela; Mos, por el mismo motivo, y también Baiona, más alejado por con numerosas tarjetas expedidas.

Sin embargo, alcaldes de izquierda igual o más interesados, caso de Cangas y Moaña, respaldan al alcalde vigués. Su tesis es que más vale empezar aceptando los transbordos que asume Vigo y luego debatir en el gobierno metropolitano la solución definitiva. Por este motivo, alcaldes populares cuestiona la posición del regidor cangués, considerando que no está defendiendo a los vecinos que representa.

El juez contencioso administrativo número 1 resolverá el enfrentamiento

La Xunta presentó el pasado viernes en Vigo el recurso contra la constitución del Área, donde reside su capitalidad. Esto, unido a que las actuaciones impugnadas se desarrollaron en la ciudad, fue el motivo por el que los servicios jurídicos autonómicos estimaron que la competencia recaía en los juzgados de lo contencioso administrativo de Vigo. Después, a la hora del reparto entre los dos existentes, correspondió al número uno, a cargo del juez Luis Ángel Fernández Barrio, resolver el asunto. Y antes de ellos, decidir sobre la espinosa cuestión de la suspensión cautelar del funcionamiento del Área Metropolitana.

En el marco del litigio jurídico, el juez también deberá aclarar si el ente metropolitano está legalmente constituido, algo que el PP y la Xunta ponen en duda. Esgrimen el argumento de que el presidente de la mesa de edad, el popular Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra, levantó la sesión, lo que no fue considerado válido.

En el recurso se hace mención igualmente al dictamen del Consello Consultivo, que aconsejó que se suspendiera la constitución de la asamblea del Área hasta que se resolviera la disputa del transporte metropolitano.

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