Xoán Carlos Gil
Más de 1.500 firmas apoyan a Diego Lores frente a la vista en la que le piden tres años y medio de cárcel por la denuncia que un policía local le interpuso en las protestas contra la rotonda donde se colocó el pesquero Bernardo Alfageme
16 ene 2017 . Actualizado a las 18:00 h.
Diego Lores, activista social de Coia, que el próximo martes será juzgado en Vigo acusado de agredir a un agente de la policía local en una de las protestas contra la colocación del barco pesquero Bernardo Alfageme en una rotonda de Coia, ha iniciado esta mañana un encierro de 48 horas para protestar contra la petición de tres años y medio de cárcel que solicita la acusación particular junto a 30.356 euros en concepto de responsabilidad civil por unos hechos que tanto el acusado como los grupos que le apoyan niegan de manera rotunda.
Lores considera que no hay pruebas que le vinculen de manera determinante a la supuesta agresión al agente, indicando que su elección para ser acusado fue premeditada para amedrentar al resto de vecinos que se oponían a la colocación del barco en la rotonda de la avenida de Castelao.
El acusado, profesor de un ciclo formativo y con tres hijos, cuenta con el apoyo del ministerio fiscal, que no respaldó la petición de la pena solicitada por la acusación por falta de pruebas concluyentes. Coincidiendo con el encierro que se lleva a cabo en la parroquia del Cristo de la Victoria, la Asemblea Aberta de Coia, ha organizado una comida y actividades como cuentacuentos, talleres, coloquios y conciertos con los que se acompañarán las dos jornadas hasta que se celebre el martes el juicio a las 9,30 horas de la mañana. En esa jornada los encerrados y vecinos que apoyan a Diego Lores (que recibió el respaldo para su causa de más de 1.500 firmas de todo el Estado) marcharán desde la parroquia hasta la misma rotonda del barco, donde leerán un poema, para a continuación dirigirse a los juzgados, y manifestar allí su convencimiento de la falsedad de la denuncia policial, promovida, según insiste el colectivo de Coia, para frenar las protestas que se llevaban a cabo en febrero del 2015.
