Primer juicio por una ilegalidad urbanística surgida al anularse el nuevo Plan Xeral del 2008
VIGO CIUDAD
Un marinero jubilado de Coruxo está acusado de hacer un muro sin licencia en el 2012 que él creía legalizable con el plan que luego fue revocado
13 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de lo penal número 3 de Vigo celebró ayer el primer juicio por una presunta irregularidad urbanística cometida durante la vigencia del plan general del 2008 que fue anulado en el 2015. La defensa alega que el cierre de una finca era legalizable con el plan nuevo pero que, al volverse a la situación de 1993, se convirtió en una obra ilegal. Una paradoja que afecta a otros muchos usuarios que hicieron obras durante los siete años de vigencia del nuevo plan luego derogado.
En este caso, un marinero jubilado de Coruxo y un amigo cantero se enfrentan a dos y medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio porque el dueño del terreno levantó un muro de cierre sin licencia en su finca cuando el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del 2008 estaba vigente. Alegó que la construcción era legalizable pero en el 2015 se anuló el PXOM y el muro se convirtió en ilegal porque se aplicó la normativa de 1993.
La construcción supuestamente ilegal se remota al 2012 y 2013.La obra se hizo en una parcela agrupada de 603 metros cuadrados en el lugar de Burgues, en la parroquia de Coruxo, con acceso desde el Camiño Pedreiras y una pista de tierra. La zona está catalogada como forestal y se sitúa a distancias entre 25 y 75 metros del Rego do Vao.
La Fiscalía acusó al titular de construir sin licencia un muro de cierre de granito de 47,7 metros de longitud y hasta 4,2 de altura para contener un aterramiento. También montó una parrilla de ladrillo con chimenea para barbacoas y un galpón de hormigón de 25 metros cuadrados para salvar el desnivel. Un segundo acusado, que era amigo y cantero de profesión, supuestamente, le ayudó.
La parcela fue inspeccionada por el Seprona el 26 de mayo del 2015 y encontraron herramientas.
La acusación sostiene que el titular no obtuvo ninguna licencia ni autorización urbanística. El suelo, continúa la Fiscalía, está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1993, de aplicación tras la sentencia del Tribunal Supremo del 10 de noviembre del 2015, como no urbanizable de especial protección de ríos y junqueras, por ser común o por ser paisajística o masa forestal. Por la sentencia del 2015, se declaró la nulidad del PXOM del 2008.
Además, la misma parcela es suelo rústico de especial protección de aguas y forestal en la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia (Louga), vigente en el momento de los hechos y actualmente como ley 2/2016 del Suelo de Galicia (LSG).
El abogado alega que es un suelo sin clasificar, porque había partes urbanizables y rústicas, y que la obra estaría amparada por la ley gallega, a la que han de adaptarse los planes generales. «Son infracciones perfectamente legalizables, falta un informe técnico sobre edificio y no se puede decir que no sean autorizables», dijo.
El acusado añadió que «tengo esa finca para criar gallinas y palomas, no creí que hacía mal, vine de la mar. Me han precintado la finca y, por no poder entrar, ya me han muerto seis pollos».
La Fiscalía pide la demolición del cierre y se pregunta por qué el titular no pidió licencia si la obra era autorizable.
La concejala Caride declaró como perito
Una de las sorpresas del juicio fue la declaración de la exconselleira de Urbanismo y concejal de Urbanismo de Vigo, María José Caride. La que en su día fue la responsable de la Xunta de aprobar el PXOM del 2008 acudió ayer a declarar como perito municipal sobre el mismo plan. Explicó que la ley gallega del suelo no invalida el plan general sino que lo que hay que hacer es adaptar las especificidades de la ley del suelo. La conclusión es que al anularse el plan que ella misma aprobó, el suelo volvió a ser rústico en su totalidad.