El recurso de la Xunta complica el funcionamiento del organismo hasta cerca de las municipales
09 ene 2017 . Actualizado a las 13:18 h.Tras un lustro de tensiones y polémicas, en julio pasado se aprobaba por unanimidad la Ley del Área Metropolitana de Vigo en el Parlamento de Galicia. Pero ese aparente consenso devino en espejismo. Seis meses después el conflicto ha revivido y el ente metropolitano regresa al dique seco. Motivo: las tensiones entre Caballero y la Xunta se mantienen a cuenta del transporte metropolitano. Tras la polémica constitución de la asamblea del Área el pasado 1 de diciembre, la Xunta ha decidido recurrirla judicialmente. Considera que no se ajusta a la legalidad.
¿Es legal el organismo comarcal?
Opiniones al margen, será algo que decidan los jueces. Caballero asegura que sí, y lo respaldan 8 de los 14 alcaldes, todos de izquierda, pero los seis restantes, del PP, más la Xunta, insisten en que se ha constituido irregularmente, incluso ilegalmente.
¿Cuáles son los puntos de discrepancia entre ambas partes?
Fundamentalmente, el transporte metropolitano y la integración de Vigo en dicho sistema de movilidad. La Xunta y el PP, reclaman que los vecinos del Área puedan utilizar Vitrasa a precio reducido sin límite, como establece el convenio firmado por Xunta y Concello vigués. Caballero, por el contrario, lo reduce a los desplazamientos interurbanos.
¿Cuál es el trasfondo del debate?
Motivaciones políticas al margen, nunca descartables, es un asunto económico. Que 150.000 vecinos de municipios del entorno utilicen Vitrasa a 0,87 euros el viaje, como cualquier vigués, (muy por debajo del 1,33 del billete ordinario) tiene un coste. El plan metropolitano así lo contempla y Vigo lo firmó, pero su alcalde dice que solo es válido en el marco de viajes entre municipios. No quiere hacerse cargo de la factura.
¿Seguirá funcionando el Área en este contexto?
Todo hace indicar que sí. Tras constituirse la asamblea, con el PP en contra, Caballero puso en marcha la junta de gobierno. Hubo una reunión inicial y para el miércoles 10 está prevista la segunda sesión. El alcalde vigués niega cualquier irregularidad y mantiene la convocatoria.
¿Participará el PP en el nuevo ente?
Salvo sorpresas, no es previsible. Los seis alcaldes populares han convocado una rueda de prensa para hoy en la que apoyarán la vía judicial emprendida por la Xunta.
¿Tiene sentido una entidad metropolitana en estas condiciones?
Es la gran pregunta, y la respuesta depende de quien sea el interpelado. Para la Xunta y el PP ninguno, pero Caballero responde que sí y tratará de obtener réditos políticos del conflicto. En la práctica es difícil que sirva para algo pues la Xunta, de quien depende la cesión de competencias y de fondos, no la reconoce.
¿Cuánto durará el litigio judicial?
Otra pregunta sin respuesta. La Xunta ha anunciado un recurso contencioso administrativo, pero aún no se ha presentado ni se sabe dónde lo hará. Expertos jurídicos consultados por La Voz no tienen claro si acudirá al Tribunal Superior de Xustiza o bien a un juzgado de Vigo. Sea cual sea, previsiblemente no se sustanciará antes de un año y medio o dos. En otras palabras, que la polémica estará servida hasta las próximas elecciones municipales.
¿Puede el Área implantar servicios?
Depende de si el Área existe, como defienden Caballero y los alcaldes de izquierda, o es un ente alegal, opinión que avalan la Xunta y el PP. De entrada, nada impide que sigan convocándose reuniones de su gobierno e incluso de la asamblea. Más difícil es que tales encuentros sirvan para implantar un ente de servicios metropolitano.
¿Existen precedentes?
El modelo de áreas metropolitanas está poco extendido en España, pero en Vigo existía una Mancomunidad de Municipios como antecedente. Años atrás el PP la abandonó y el organismo se mantuvo sobre el papel, pero sin actividad real.
¿Es posible un acuerdo?
Difícil. No lo hubo en el mandato anterior, con la primera ley del Área de Vigo, y cuando todo parecía resuelto se tuerce por el transporte metropolitano. Si hay que apostar, será un tema de debate hasta las municipales del 2019. Juzgados aparte, quien gane las elecciones tendrá la razón.