Patrimonio revisa el inventario de jardines de Coia ante su privatización

Luis Carlos Llera Llorente
Luis Carlos Llera VIGO /LA VOZ

VIGO CIUDAD

Luis Carlos Llera

El alcalde dice que un funcionario está investigando la titularidad de los jardines

18 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Patrimonio está actualizando el inventario de terrenos que son propiedad del ayuntamiento. El trabajo de revisión se está llevando a cabo una vez que un vecino del barrio de Coia ha denunciado delante del Concello la apropiación masiva de espacios públicos por parte de las comunidades de propietarios. Esta presunta usurpación de terreno público está siendo investigada por el Concello. El alcalde, Abel Caballero, aseguró ayer que «hay un funcionario trabajando en este asunto».

El vecino que ha denunciado este tema, José Outeiro, es el presidente de una comunidad de propietarios. Outeiro ha facilitado planos al Ayuntamiento de la época en al que se levantó el barrio de Coia. En la planimetría aportada, y que procede del Colegio de Arquitectos, se pueden ver claramente las zonas públicas y privadas del barrio que fue concebido como una ciudad jardín por el arquitecto Desiderio Pernas, en 1969. El polígono de Coia fue una urbanización que promovió el Ministerio de Vivienda y que se fue levantando hasta finales de los 70. Pernas se encargó de proyectar la mayoría de las edificaciones por encargo de la Promotora Benéfico Popular de la entonces llamada Caja de Ahorros de Vigo. El arquitecto también intervino directamente en la construcción de varios edificios y obtuvo un premio nacional de Urbanismo por su concepción del barrio. Los bloques de edificios fueron levantados en buena parte por la caja de ahorros y otros fueron acometidos por cooperativas de distintos gremios profesionales, algunos vinculados al mar y otros relacionados con los astilleros. En muchos de estos edificios se delimitaron zonas de jardines privados pero hubo otras que fueron acotadas posteriormente por parte de las comunidades. De este modo, los vecinos se garantizaban un adecuado cuidado de los jardines y, por otra parte, el Ayuntamiento eludía el mantenimiento.

El problema de la delimitación de lo público y lo privado salió a la luz por una derrama de una comunidad en laque los vecinos tenían que aportar un dinero para contratar un jardinero. Outeiro esgrimió que los jardines eran públicos y así lo sostiene apoyándose en los planos trazados en su día. Este vecino afirma que «en la calle Marín, por ejemplo, hay terrenos que están vallados que sin embargo son públicos y la prueba de ello es que los jardineros de la contrata municipal se encargan de su mantenimiento».

En estos momento el contrato de mantenimiento de los jardines es objeto de discusión en el Ayuntamiento. El aumento de la superficie que hay que cuidar puede alimentar la controversia entre la empresa encargada del cuidado y los vecinos. Pero el pliego de prescripciones técnica de la contrata de este servicio deja claro que el adjudicatario está obligado la conservación y reposición de las zonas verdes «de nueva creación» como «las existentes» que por motivo de obras nuevas, ampliaciones, humanizaciones, reformas, recepción de urbanizaciones y adquisiciones «de todo tipo», «incrementen las superficies de actuación municipal». Una de las consecuencias de que los jardines sean públicos es que, según el vecino denunciante, la empresa de Gas Natural no tiene que solicitar permiso a la comunidad sino que esta autorización la debe dar el Ayuntamiento.