Los jueces de lo contencioso-administrativo estudian decenas de recursos de afectados
08 oct 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo ha detectado este año un aumento de los pleitos entre particulares y la Consellería de Traballo e Benestar a causa de los ayudas a familiares que cuidan de dependientes. Estos litigios, de los que hay decenas, son promovidos por vigueses que han recurrido contra la decisión de la Xunta de denegarles esta prestación asistencial y los aboca a pagar de su bolsillo las atenciones a sus familiares que están en casa sin poder valerse por sí mismos y que carecen de medios económicos para contratar cuidadores privados. Otras veces, la Administración demora las ayudas concedidas.
«Los asuntos de dependencia son los que más están entrando este año, junto con los de los funcionarios que reclaman la paga extra o se oponen a su traslado al Hospital Álvaro Cunqueiro al cambiar sus condiciones laborales», dicen fuentes del tribunal.
Los familiares de dependientes están ganando casos contra la Xunta desde el 2015. El año pasado se presentaron decenas de recursos. El epígrafe estadístico de otros recursos contenciosos se ha disparado de 191 asuntos a 256 en un solo año. Un repentino aumento de 65 casos en un año de baja actividad judicial que delata la importancia de los pleitos de dependencia. En el 2015, una sentencia favorable en Vigo obligó a la Xunta a pagar 25.000 euros en ayudas que adeudaba a una familia por la Ley de Dependencia.
Los juzgados examinan préstamos usurarios del 300 %
Desde hace meses, proliferan anuncios en televisión o Internet que ofrecen préstamos urgentes que el cliente contrata on line en sencillos pasos. Si solicita 254 euros, deberá devolver 343 cuando venza el crédito en un mes, con una comisión de 89 euros, un interés mensual del 35 % y un TAE del 3.766 %. Otros elevan la tasa al 6.000 %. Cada día de impago se penaliza con e1 1 %.
Los juzgados de lo civil de Vigo todavía no han recibido demandas para anular estos intereses tan elevados pero han tramitado, al menos, un pleito para anular una tasa del 300 %.
Un bufete vigués alerta
El despacho Asesority Abogados de Vigo ha publicado esta semana un artículo en su blog para alertar a los consumidores sobre estos microcréditos rápidos y prevén una gran litigiosidad en el futuro. «Estamos informando del abuso de los intereses en prestamos rápidos, con intereses de hasta el 6.000 % de TAE, ya que darán lugar a numerosas demandas [para anular las cláusulas]», dice el autor del artículo, el letrado David Alfaya, especializado en abusos financieros.
«Todavía no hemos presentado ninguna demanda de intereses tan altos, la que tenemos son del 26 % al 29 % de tarjetas de crédito con préstamos puente asociados. En los próximos meses seguro que las presentamos, ya que la gente aún no es consciente de esos intereses desproporcionados», dice el experto.
«El préstamo rápido se puede convertir en un quebradero de cabeza, al ver cómo la deuda aumenta, por mucho que se paga como consecuencia de unos intereses altísimos. Son créditos usurarios y abusivos», dice.
Hay un 75 % más de demandas contra la Seguridad Social y en familia suben las incapacitaciones
Las situaciones de desvalimiento están aumentando en Vigo según se refleja en las estadísticas judiciales. Los familiares acuden a los tribunales a pedir la incapacitación de enfermos crónicos que no se pueden valer por sí mismos. Los juzgados de familia han tramitado entre enero y octubre 197 expedientes para declarar la incapacidad de personas desvalidas de Vigo, lo que supone un aumento del 24 % respecto a hace un año, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de septiembre. En cuanto a las supervisiones de internamientos, generalmente en unidades psiquiátricas, se pasó de 459 casos a 499 en apenas un año, con un incremento del 8,7 %.
Por su parte, los tribunales de lo social registraron un aumento del 75 % de las demandas presentadas por los trabajadores por cuestiones relacionadas con la Seguridad Social. Los pleitos subieron en un año de 156 a 274 casos. Las reclamaciones de empleados para obtener la declaración de invalidez bajaron de 481 a 465, apenas un 3,3 %, por lo que sigue siendo fuente de litigios.