Afectados por los desahucios piden al Concello que no venda sus pisos vacíos

El alcalde se niega alegando escasa inversión autonómica


vigo / la voz

La Federación Vecinal defendió ayer la propuesta de la Xunta de incluir a Vigo en el plan autonómico de viviendas vacías. La presidenta del movimiento ciudadano, María Pérez, acompañada de dos personas en riesgo de perder su piso, explicó a los medios de comunicación las ventajas de aplicar esta propuesta en la ciudad.

En uno de los casos se trata de una persona que padece una grave enfermedad, divorciada, sin ingresos y con un hijo en edad escolar. La segunda es también una vecina de Vigo que firmó como garante de un préstamo que tiene en el horizonte un lanzamiento. «Ambos son situaciones dramáticas, tanto por la situación hipotecaria y el desahucio que se avecina como por la falta de recursos para sobrevivir», explicó la presidenta vecinal.

Ambos casos han sido analizados por la federación, que considera que reúnen requisitos para lograr una vivienda pública. Sin embargo, hace meses que la Xunta hizo público que ha entregado ya todas las de su propiedad (o cedidas por el banco malo) en la ciudad.

Desde entonces ha intentado llegar a un acuerdo con el gobierno local, que se niega. Implicaría de entrada que el Concello renunciara a la venta de las 14 viviendas que posee en Rosalía de Castro. Después, ambas administraciones colaborarían para que se pusieran viviendas privadas en alquiler garantizando con un seguro posibles reparaciones por daños y el cobro de los alquileres. De esta forma, con ayudas públicas se solventarían los supuestos de desahucio.

Sin embargo, todavía ayer el alcalde volvió a rechazar integrar a la ciudad en el plan de la Xunta. Su argumento es que el Concello «destina cerca de 3 millones de euros al año en la batalla contra los desalojos [ayudas de emergencia y cheque social], mientras la Xunta solo emplea 20.000 euros.

Puesta en libertad la familia detenida en un desalojo

Los cuatro miembros de la familia que fueron detenidos el jueves en la calle Menéndez Pelayo acusados de usurpación de un inmueble se encuentran en libertad con cargos tras pasar la noche en comisaria. Carlota Pérez, portavoz de la Plataforma Antidesahucios (PAH), afirma que «en cuatro años que llevamos con la asociación nunca vimos algo así. Es una actuación desproporcionada porque se debería acudir a la vía civil». La familia sostiene que fue agredida por los agentes de policía al abandonar el piso. Sin embargo, los vecinos aseguran no haber visto violencia por parte de la policía hacia la familia.

 

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