Dos constructoras llegan al Supremo para no pagar 1,5 millones a exempleados de GEA

La Audiencia ordenó que Naerama Group y José Castro abonasen a 159 extrabajadores por sus derechos en fincas de Coruxo y Cabral


vigo / la voz

Las constructoras Naerama Group y Construcciones José Castro han presentado un recurso de casación en el Tribunal Supremo para oponerse al pago de 1,54 millones de euros a 159 extrabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) por sus derechos en fincas de Coruxo, en la antigua fábrica de Moahsa, y en Cabral. Los antiguos asalariados recibieron los terrenos como pago de sus salarios atrasados. La Audiencia ordenó el 26 de mayo que ambas constructoras abonasen dicha cantidad a los exempleados que cedieron las fincas pero el proceso se volverá a dilatar porque el asunto ha acabado en el Supremo.

El litigio se centra en calcular la cuota individual de cada extrabajador que cedió sus terrenos a las constructoras. Algunos beneficiarios perciben hasta 26.779 euros pero en general, las cifras oscilan entre 10.000 y 12.000 euros. Las constructoras quisieron luego resolver el contrato porque, según dijeron, no obtuvieron el dominio del 100 % de las fincas de Coruxo ni pudieron dividirse para su aprovechamiento inmobiliario.

La Sexta Sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, rechazó hace dos meses el recurso de apelación de ambas constructoras. Esta es la segunda vez que un tribunal les ordenaba abonar las indemnizaciones después de que lo exigiese el juez de primera instancia número 14 de Vigo en febrero del 2015 que estableció el precio de cesión en 2,17 millones. La Audiencia no hizo más que confirmar la primera sentencia, que consideraba que el contrato era válido.

Los terrenos cedidos serían de 128.456 metros cuadrados en Cabral y 31.970 en Coruxo. Este último terreno, donde estaba la nave de la fábrica de cerámica de Moahsa, estaba cubierto de vegetación y tuvo que ser desbrozado a primeros de año por las quejas de los vecinos.

El dinero que tienen que cobrar cada exempleado se corresponde con la proporción entre su deuda reconocida en un juicio de lo social de 1996 y la deuda de los trabajadores que cedieron sus derechos a Naerama.

Las constructoras también pidieron que se descontase del precio las cesiones obligatorias al Ayuntamiento pero la Audiencia replica que el contrato fijó un precio según el volumen de aprovechamiento urbanístico y lo demás es intentar introducir estipulaciones «absolutamente ajenas» a lo pactado.

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