El conflicto de Balaídos lleva a Caballero a vetar el presupuesto de Zona Franca

Crisis en el organismo estatal, que puede quedar paralizado si no se resuelve


vigo / la voz

El conflicto entre la delegada del Estado en Zona Franca, militante del PP, y el alcalde de Vigo, socialista, a cuenta de la obra del estadio de Balaídos ha bloqueado el funcionamiento del consorcio y podría tener consecuencias para otras instituciones de la ciudad, caso de la Universidad. El enfrentamiento provocó ayer el rechazo de los presupuestos del 2017, que contemplan 44 millones de euros en inversiones, incluida la cesión de terrenos de la ETEA a la Universidad o la construcción de un centro de transporte para el estacionamiento de camiones.

Sin embargo, la raíz del problema poco tiene que ver con estos asuntos, que son los paganos de un choque Pedrosa-Caballero a cuenta de la obra de Balaídos. Desde hace más de un año, el regidor intenta que Zona Franca aporte 12 millones de euros para la construcción de un párking bajo una grada del estadio, a lo que la máxima ejecutiva del consorcio ha expresado grandes reticencias.

Ante ello, Caballero utilizó su mayoría en el Concello para cesar al único concejal del PP en Zona Franca (los otros cuatro son socialistas), un cambio que ayer le dio ayer el control del pleno de este organismo. Para ello cuenta con el respaldo de la presidenta de la Diputación (la socialista Carmela Silva) y del empresario Manuel Rodríguez, con quien el alcalde mantiene una estrecha relación.

Con estos mimbres, los ocho votos socialistas se impusieron ayer a los seis del PP e independientes, dejando sobre la mesa el presupuesto. Y puede ser el principio de un conflicto mayor, ya que la convocatoria de un nuevo pleno para su aprobación depende exclusivamente de Caballero en su calidad de presidente del pleno.

Estatutos caducos

No se recuerda en Zona Franca de Vigo (y posiblemente tampoco en las otras dos existentes, en Barcelona y Cádiz) una situación de este tipo. Lo habitual es que la gestión recaiga en los respectivos delegados del Estado, siendo el papel de los alcaldes (siempre presidentes de los plenos) de carácter formal.

Los estatutos por los que se rige el consorcio están claramente desfasados ya que datan del año 1946 y están firmados por Francisco Franco. Durante la dictadura un conflicto de este tipo era impensable, pero en la actual etapa democrática tampoco se recuerda nada parecido.

Lo que pueda ocurrir a partir de ahora es imprevisible, aunque tampoco es descartable un cambio en el equilibrio. De momento, Pedrosa anunció ayer que gestionará el cese de Rodman por su comportamiento en la sesión. Aunque así ocurra, Caballero seguirá teniendo la llave del poder de convocatoria para los plenos, que se ha demostrado de relevancia.

Tras la reunión, Caballero dijo que la solución a los presupuestos podría lograrse tras una reunión de él mismo y Pedrosa con el presidente de la Xunta, pero la delegada del Estado se desmarcó. «Yo conozco los detalles de las inversiones, que vaya él», le respondió.

Lo que el alcalde supuestamente quiere es que la Xunta explique por qué no cede directamente los terrenos de la ETEA a la Universidad (que los espera como agua de mayo para el Campus do Mar, so pena de perder financiación europea). La previsión es que Zona Franca abone 5 millones de euros para que se realice esta gestión.

También, los motivos por los que el Gobierno autónomo no construye un centro de transportes para el aparcamiento de camiones («que es de su absoluta competencia») y tiene que hacerlo el consorcio.

A ambas objeciones, que enmascaran el conflicto por Balaídos, añadió el adelanto de la inversión para ampliar el polígono de Balaídos, donde se ubica Citroën. «Deben reclamar la ley Vigo para acelerarla», reclamó el alcalde.

«Manuel Rodríguez ha actuado de forma desleal»

El rostro de Teresa Pedrosa reflejaba lo difícil que habían sido las algo más de tres horas de sesión plenaria. Y no solo en el aspecto político o de gestión. Incluso también en lo personal. «El vocal Manuel Rodríguez, que representa al Ministerio de Hacienda, ha actuado con absoluta deslealtad, votando en contra del presupuesto y por tanto del organismo que le ha nombrado. Además, ha dado un tratamiento despectivo a esta delegada durante la reunión».

La queja de la responsable ejecutiva del consorcio contrastaba con el aspecto satisfecho del alcalde, quien se ha hecho con el control del pleno casi sin despeinarse. Para el regidor, lo que hubo en la sala fue solo «un debate vivo con puntos de desacuerdo profundo».

La disconformidad abarcaba también al papel de ambos en el organismo estatal, en el que Caballero quiere hacer valer determinados puntos de los estatutos que le conceden la exclusiva representación institucional. Pedrosa niega que sea así, asegurando que deja de lado los artículos que la fijan en el delegado del Estado.

Si para el alcalde su interpretación «no es discutible», Pedrosa lo ve de forma radicalmente distinta. «Quiere que le pida permiso, cuando está muy separado: la de gestión en manos de la delegada y la institucional del pleno en el alcalde. Él no manda sobre el personal, no firma nada salvo la convocatoria del pleno. Si se aceptara su propuesta reconocería que todo lo hecho en décadas es ilegal», se quejó ante los periodistas al terminar la sesión. Pese a ello, la moción fue aprobada por mayoría.

Y mientras Caballero centró el conflicto en el papel de la Xunta, «que quiere que Zona Franca cubra competencias suyas», Pedrosa piensa que el problema radica «en que pretende que Zona Franca pague una instalación municipal», en referencia a Balaídos. «Que lo voy a estudiar, pero nada más», afirmó.

Caballero, victorioso en la batalla de ayer, a la espera de como concluya la guerra, evitó alusiones personales a la delegada. Pedrosa, que tiene que gestionar un organismo sin presupuestos y en minoría en el pleno, confió en que el presidente cumpla su palabra de convocar otro pleno para aprobarlos, «pero ese no suele ser su estilo en Zona Franca».

 

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