El Parlamento aprueba la primera Área Metropolitana de Galicia un año después del pacto de Caballero con Feijoo
13 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Una votación unánime en el Parlamento gallego ratificó una ley que el alcalde de Vigo y el presidente de la Xunta pactaron hace un año, y que desde entonces han negociado, con muchos altibajos, el gobierno local, los responsables autonómicos y el conjunto de alcaldes.
La norma ratifica que la capitalidad del Área estará en Vigo, algo que nadie discutía, y añade que en base a ello «terá un tratamento propio na dotación de servizos públicos da Administración central, autonómica e provincial similar ao dunha capital de provincia». Este nuevo estatus de Vigo fue una propuesta del alcalde vigués en la etapa final del debate, que tras algunas reticencias fue asumida por los demás grupos y ratifica el nuevo podio en el que se instala.
El guión en la sesión plenaria del Parlamento discurrió por los cauces previstos: alegría general, especialmente del regidor vigués, que será el presidente del ente metropolitano: satisfacción del conjunto de los grupos y un pequeño ajuste de cuentas por parte de los socialistas por la fallida ley del 2012, a la que se oponían y que no entró en vigor por el rechazo de Vigo.
Dejando de lado este escarceo, la sesión estuvo presidida por una cortesía poco habitual, nada extraño si tenemos en cuenta el acuerdo general de todos los partidos. Salvo matices, que no fueron suficientes para que ninguno se atreviera con el voto contrario, ni siquiera con la abstención.
El grupo más crítico en estos meses de debate en comisión fue AGE (Alternativa Galega de Esquerda), pero finalmente se sumó al consenso pese a constatar que «faltan políticas de vivenda» y lamentar que no se haya tenido en cuenta el reciente incendio en la factoría de Fandicosta para evitar fallos de coordinación similares en el futuro.
El diputado de AGE Xabier Ron se sumó al BNG en la queja por el hecho de que la ley no incluya un Consello Cidadán Metropolitano, demanda que había sido planteada por la nacionalista Carme Adán. La diputada viguesa del BNG lo recordó en su intervención, pero esta carencia no fue obstáculo para reconocer que «foi un orgullo participar como ponente na ponencia da lei». Adán ratificó en la tribuna su posición, y la del Bloque, totalmente favorable a que «Galicia teña unha ordenación clara do seu territorio».
Movilización
Desde el grupo mixto, la también viguesa Consuelo Martínez, se sumó a las críticas del PSOE a la ley anterior, que «era a do PP e non a dos vigueses», mostrándose favorable a la batalla política que ha permitido modificarla. «Vigo é unha sociedade que se mobiliza para impedir que a ignoren e a exploten», afirmó.
En la tribuna de oradores, los dos grupos mayoritarios abordaron la crucial cuestión de las competencias, justamente la que decidirá si el Área es un ente eficaz, como todos dicen pretender, o se queda en un nuevo organismo carente de contenido. El socialista Abel Losada expresó su confianza en que «a transferencia real de competencias e financiamento se materialice como debe. Entendemos que a Xunta ten que estar á altura das circunstancias, da mesma maneira que o están todos os concellos da Área, independentemente da súa cor política».
El conselleiro Rueda fue tajante al respecto al cierre del debate: «A partir de agora ven o máis difícil, que é poñer a Área en marcha. Espero que todos estemos á altura. Dende logo a Xunta vai estar», comprometió el dirigente popular.
Por su parte, el portavoz popular se mostró «preocupado» por las declaraciones de la presidenta de la Diputación de Pontevedra y número dos de Caballero, Carmela Silva, en el sentido de que no sabe qué competencias debe transferir al Área. «E vén recollido na lei», fue el mensaje que le envió Javier Dorado, a ella y al conjunto de los socialistas, instándole a cumplir con su parte «o máis axiña posible».
En un intento de desdibujar el papel del actual alcalde de Vigo, desde el PP se recordó también el papel jugado por anteriores regidores de la ciudad (Carlos Príncipe y Lois Castrillo, respectivamente del PSOE y del BNG) para alumbrar la Mancomunidad de Municipios que fue el precedente del nuevo organismo. Su dictamen es que «esta Área non é do señor Caballero nin a do señor Feijoo: é a de todos os vigueses». Una visión muy diferente a la de Losada, que atribuyó al regidor vigués el papel relevante de facilitar la ley al conseguir el acuerdo «de todos os alcaldes da zona».
En este contexto, Caballero, que presenció todo el debate desde la tribuna de invitados (donde fue saludado por el conselleiro Alfonso Rueda y el portavoz del PP, Pedro Puy), no tuvo duda en afirmar que la aprobación de la ley «es lo más importante que hizo nunca este Parlamento». La considera un «gran avance» y advirtió nada más ser aprobadas que en un futuro reclamará «competencias sobre cuestiones sanitarias». No relativas a la atención, «pero si en materia como ubicación de centros, accesos u organización».
Como portavoz de los alcaldes del PP, la regidora de Mos, Nidia Arévalo, cree que el Área «fará que todos sexamos parte do gran Vigo», con el añadido de que Vigo «non sería o que é sen os concellos do arredor. Por suposto, Vigo tamén nos aporta aos concellos».
Arévalo lamentó que Vigo «tardará en sumarse», pero no profundizó por el sendero de las recriminaciones.
Al comienzo de las intervenciones, las palabras del socialista Losada enturbiaron un momento de alegría general ante el consenso que ratifica el liderazgo de Vigo en el sur de Galicia al frente de un territorio de 500.000 habitantes, que serán casi 600.000 cuando se confirme la integración de la decena de municipios que desean participar en el Área.
«Como mestre que son, valoro moito os procesos de aprendizaxe e pedagogía. Aqueles que acertan cando rectifican teñen o meu beneplácito e felicitación». Con estas palabras ajustaba cuentas el socialista con los populares por su intento de imponer una ley muy diferente hace cuatro años ya que difuminaba el papel de Vigo.
Javier Dorado (PP) reprochó a su compañero que perdiera «unha magnífica oportunidade de ter sido elegante e de defender a Vigo aquí. Prefiriu en cambio atacar, pero eu vou defender esta lei», aseguró. El cruce de declaraciones no afectó al acuerdo unánime.
¿Y esto para qué sirve ahora?
El Parlamento ha ratificado la creación de una nueva estructura territorial en Galicia, que se suma a las ya existentes. Su objetivo es que el nuevo ente gestione competencias que ahora mismo están en manos de los concellos que se integren, y también de la Xunta y de la Diputación. Paralelamente, serán estos mismos organismos los que aportarán la financiación. Su éxito dependerá de que realmente ejerza competencias, que lo haga de manera eficaz y que unifique posiciones de los municipios para lograr una coordinación difícil de vislumbrar en estos momentos.
Un vistazo al texto de la ley permite comprobar que tiene un amplio campo competencial por delante, y que serán los concellos los que marquen sus límites.
Una realidad ya en estos momentos. El Área ganó su primera batalla antes de existir. La pasada semana se firmó el convenio para integrar a Vigo en el transporte metropolitano, dando así satisfacción a los municipios vecinos. De no haber estado por medio la creación del nuevo ente es improbable que Vigo se hubiera avenido a participar. La ley establece que el Área «procederá á elaboración dun plan de explotación do transporte metropolitano, de coordinación dos servizos de transporte urbanos e interurbanos por estrada de Galicia e que integrará as previsións do plan metropolitano».
Aparte, tiene mando para planificar el transporte público, siempre dentro de su ámbito territorial. Por ejemplo, para ordenar el transporte marítimo (vital para Cangas, Moaña y Vigo), el servicio de taxi o intervenir incluso en cuestiones ferroviarias y aéreas, siempre teniendo en cuenta donde radica la competencia en estos campos.
Cooperación con la Xunta. Las competencias en la materia son de los concellos y autonómicas. Para encajar la actividad metropolitana se crea una comisión que presidirá el titular de la consellería de Medio Ambiente con la vicepresidencia del alcalde de Vigo, caso único junto con la comisión del transporte metropolitano. Es un campo en el que le será difícil intervenir, pero puede canalizar aspiraciones de los concellos para que los planes de urbanismo no sean cotos cerrados, como ocurre en la actualidad. Puede también abonar el campo para una colaboración real en la normalización urbanística de Vigo tras la anulación de su Plan Xeral por el Tribunal Supremo.
agua y residuos urbanos
Temas cruciales. Son cuestiones en los que el Área puede jugar un papel relevante ya que las competencias en la gestión de los servicios son claramente municipales. Además, son asuntos muy próximos al ciudadanos y que concentran una gran parte de las inversiones y del gasto municipal.
En ambas competencias el papel de Vigo es central. En lo relativo al agua, la adjudicación a Aqualia concluirá a finales del 2019, aunque existe la opción de la prórroga. Su influencia ha sido previa al Área, ya que desde que aterrizó esta empresa varios concellos más de la zona le han encargado la gestión del servicio.
A mayores, influye también la próxima entrada en servicio de la depuradora del Lagares, que también gestionará Aqualia.
Respecto a la basura, la situación es similar aunque aquí son más empresas las implicadas (limpieza, recogida, papeleras, selectiva).
Para intervenir en este campo con visión metropolitana será preciso que los concellos acepten delegar sus competencias y que se busque un prisma conjunto para abordar la gestión. Obviamente, por votos, por presupuesto y por relevancia en el conjunto metropolitano, cualquier actuación tiene que ser apadrinada por el gobierno de la urbe.
incendios
Evitar otro Fandicosta. El reciente incendio en la factoría de Domaio ha evidenciado la difícil convivencia de la competencia municipal con la autonómica. En el territorio del Área hay un parque totalmente público, el de Vigo, y otros comarcales de diferentes titularidades, pero a años luz de los medios de la capital del Área. Vigo se ha mostrado siempre dispuesto a intervenir en otros ayuntamientos, como también lo hizo en Domaio, y el ente metropolitano podría alumbrar un cambio de modelo, con la colaboración de Xunta y Diputación.
Margen de maniobra. El departamento de Benestar Social es un buque insignia de la gestión viguesa, que ha chocado frontalmente con las políticas de la Xunta y, hasta el cambio de gobierno, con las de la Diputación. Es una incógnita saber por donde pueden discurrir los acontecimientos en la materia.
escenario electoral
A la espera del nuevo gobierno. El Área se constituirá a mediados de octubre, superado el bache veraniego y una vez resueltos los trámites pendientes. Por tanto, será una foto previa a las de los comicios. En la práctica, supone que el gobierno metropolitano iniciará su andadura sin saber cuál será el Ejecutivo autonómico. Obviamente, no es lo mismo que siga Feijoo o que sea el socialista Leiceaga con el apoyo de las mareas o viceversa: un presidente de este colectivo con respaldo socialista y en su caso nacionalista. Un dato crucial para el logro de acuerdos con el ente que va a presidir Abel Caballero.
estructura de gobierno
Cuatro de catorce. Vigo tiene una casi mayoría en la junta de gobierno, aunque su 45 % no sirve si no le respaldan otros tres alcaldes. Es una forma de evitar que la capital metropolitana tome decisiones en solitario o casi. Con el actual panorama político no será complicado para Caballero alcanzar esa mayoría ya que hay alcaldes socialistas y de otros partidos de izquierda y solo seis del PP. En cualquier caso, es previsible que las decisiones sean por consenso ya que la permanencia es voluntaria.
voluntariedad
Puerta abierta para salir. Ningún concello está obligado a participar en la explotación de servicios de forma metropolitana. También está previsto el abandono del Área para aquellos que así lo decidan. Es, previsiblemente, la mejor vacuna para lograr un funcionamiento coordinado y consensuado del nuevo ente. Quien no esté de acuerdo puede irse o mantenerse en los servicios que desee.
La única ley de consenso total de las 41 de la actual legislatura
Se vislumbraba un respaldo completo tras el debate plenario de la mañana, en la que los grupos fijaron su posición, pero no había seguridad completa hasta el momento de la votación. Llegado el momento, avanzada la tarde, se confirmó que todos los representantes políticos de Galicia están a favor del nuevo ente metropolitano y de que Vigo juegue un papel diferente, y más estelar, a partir de ahora. Fueron 68 de 75, todos los presentes, los que dieron su respaldo expreso.
Una idea de lo excepcional de la situación es que de los 41 proyectos de ley que, a instancias del Gobierno, ha tramitado el Parlamento gallego desde que fue elegido en octubre del 2012, ninguno de ellos ha logrado un respaldo unánime como la ley metropolitana.
Con las proposiciones de ley (que emanan del Parlamento) el balance también es menos contundente. De las 15 presentadas en este cuatrienio, se logró unanimidad en 3 (apoyo a los preferentistas, respaldo a la lusofonía y muerte digna). En el resto, como con los proyectos, siempre hubo desmarques.
El consenso obtenido en el ámbito parlamentario es un reflejo del que se ha producido en la ciudad previamente. Hubo tensiones con aspectos concretos, pero al final todos los grupos estuvieron a favor.
Prueba del acuerdo fue la presencia ayer en el estrado de invitados de la presidenta de la Federación Vecinal, debido a la implicación del movimiento vecinal con el Área Metropolitana desde sus orígenes. De hecho, fue una iniciativa legislativa popular impulsada por la entidad vecinal la que inició el proceso. Después, fue asumida por todos los partidos y su aportación quedó oscurecida.