Una teleoperadora que carece de visión en un ojo presentó tres reclamaciones para poder ser atendida en el centro de valoración
21 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La lentitud de la administración a la hora de valorar discapacidades agota la paciencia de muchos solicitantes. Puri López Portela lleva desde febrero de 2015 esperando poder ser atendida en el centro de valoración de la calle Torrecedeira. Desde entonces ha presentado ya tres reclamaciones, pero no ha recibido ninguna respuesta. Su último recurso ha sido solicitar una entrevista con la jefa territorial de Política Social para poder pedirle personalmente una explicación de la causa de estos retrasos tan prolongados y que agilicen la petición que se encuentra en curso. «Me temo que no me va a recibir porque esto es algo deplorable, después de todo este tiempo, nadie se ha dignado a contestarme todavía», se queja.
Esta vecina de Vigo solicita una discapacidad a la que tiene derecho, puesto que carece de visión en un ojo por un accidente ocurrido durante su infancia. Quiere que se le reconozca esta minusvalía para poder acogerse a los beneficios fiscales que le corresponden, no solo a ella sino también a la empresa que la ha contratado como teleoperadora y que espera también una pronta resolución.
Su problema de visión no le impedirá seguir trabajando como hasta ahora, pero lamenta no poder acogerse a una serie de beneficios que le pertenecen por ley. Lamenta que ni siquiera le hayan dado una respuesta para darle una fecha estimada para que la pueda examinar un médico que determine su grado de discapacidad. Ante esta situación, reconoce «impotente y sin saber a quién recurrir». Por este motivo, no descarta acudir a la vía judicial para poder reclamar sus derechos. «No lo hago solo por mí, sino también por todas las personas que se encuentran esperando como yo sin saber cuándo les llamarán», afirma.
No es la primera vez que Puri acude a los tribunales por un problema con la administración pública, puesto que hace años presentó un contencioso administrativo contra la Consellería de Política Social por no poder acogerse a la Ley de Dependencia a la que tenía derecho un familiar. Entonces obtuvo una sentencia judicial favorable que obligó a la Xunta a ponerse al día en todos los pagos que tenía pendientes. Fuentes de la Consellería de Política Social manifestaron que la llamarán a una valoración «próximamente».