Marea estudiar llevar el reglamento del pleno de Vigo a los juzgados

 El grupo municipal Marea de Vigo ha confirmado este martes que su equipo jurídico estudia la posibilidad de denunciar ante los tribunales el reglamento del pleno aprobado este lunes (con los únicos votos favorables del PSOE), y que remitirá una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a la que pedirá que «reconsidere» la presidencia de Abel Caballero al frente de esta institución.

Así lo ha avanzado el portavoz del grupo, Rubén Pérez, quien ha vuelto a arremeter contra el gobierno local y contra el alcalde por abrir «una espita terrible» para coartar los derechos ciudadanos y la fiscalización del gobierno por parte de la oposición.

Pérez ha pedido que se retire el reglamento, porque aún se está «a tiempo», y porque la aprobación de la norma ha supuesto que el Ayuntamiento olívico «entra en una fase peligrosa». Así, ha recordado algunos de los artículos del documento, como el que prohíbe la exhibición de carteles, la restricción del acceso de los ediles a los expedientes, o las condiciones para la grabación de las sesiones plenarias.

Por otra parte, el portavoz de Marea ha subrayado que este reglamento es «denunciable» también ante la FEMP, ya que camina en el sentido contrario del que trata de avanzar la institución municipalista en materia de transparencia o participación.

Por ello, este grupo remitirá una carta a los vicepresidentes de la Federación y a los vocales del organismo, explicando en qué consiste el reglamento, y «diciendo que no puede presidir la FEMP quien machaca la democracia a través del control del pleno». «Esa persona (Abel Caballero) no puede representar a los ayuntamientos democráticos de este país», ha sentenciado Rubén Pérez.

Escrito también del PP

También el grupo municipal del PP ha avanzado que remitirá un escrito a la FEMP para denunciar el reglamento aprobado en el pleno porque «el alcalde se salta con pértiga» las buenas prácticas y transparencia promulgada precisamente por esta Federación.

Según ha apuntado Elena Muñoz, su grupo también estudia si procede denunciar el reglamento ante los tribunales, y recurrirá a la Valedora do Pobo para saber si el documento cumple la legalidad. «El acceso a la información pública no se puede dejar a la discrecionalidad del alcalde», ha advertido.