Les cobraba entre 4.500 y 6.000 euros con la promesa de regularizar su situación
08 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La Audiencia juzgará el próximo martes al gestor J.S.P., que se enfrenta a 15 años de cárcel, acusado de falsear documentos y estafar a 21 inmigrantes senegaleses sin papeles a los que prometió regularizar su situación entre el 2004 y el 2008 mediante falsos contratos. A cambio, les cobraba entre 4.500 y 6.000 euros y les exigía un adelanto de mil. Algunos de los perjudicados eran vendedores que tenían orden de expulsión y que, supuestamente, el gestor logró revocar a cambio de dinero. Le imputan delitos de falsedad en documento oficial, contra los derechos de trabajadores, de tráfico ilegal de mano de obra y estafa. La Fiscalía pide que devuelva 12.000 euros en conjunto a 8 inmigrantes y un total de 32.700 euros a otros 13.
Siempre según la Fiscalía, el gestor simulaba que era un empresario que necesitaba contratar mano de obra extranjera. Solicitaba ante el consulado de España en la capital de Senegal, Dakar, y en nombre de las víctimas un visado de tres meses de residencia y trabajo. Luego, viajaba con el inmigrante a Vigo y presentaba ante la subdelegación del Gobierno una falsa oferta de empleo como gestor financiero en su oficina de Vigo, que en realidad estaba a nombre de sus hijos aunque firmaba por ellos. Mediante estas artimañas, lograba la autorización de trabajo y residencia por un año, y daba de alta al extranjero en la seguridad social.
Para que no se descubriese el fraude, el falso trabajador tenía que ir varias horas al día a su oficina pero sin realizar tarea alguna. Una vez que le otorgaban la autorización de residencia, el gestor daba de baja en la Seguridad Social al falso empleado, que debía buscar una nueva oferta de empleo para evitar la pérdida del permiso de residencia y trabajo.
Por las gestiones, el implicado cobraba entre 4.500 y 6.000 euros y exigía un adelanto de 1.500 euros. Si el trabajador lograba otro empleo, cuyo salario solía estar por debajo del mínimo interprofesional, tenía que pagarle la deuda al gestor a plazos. También actuó para colocar a algunos afectados en empresas de Vigo pese a carecer de licencia oficial.