La Fiscalía pide tres imputaciones más en el caso Patos y 16 nuevos testigos
VIGO CIUDAD
El ministerio público reclama que se prolongue la investigación hasta junio del 2017
05 abr 2016 . Actualizado a las 04:00 h.Aún no está todo dicho en el caso Patos sobre las imputaciones vinculadas a una supuesta red de corrupción alrededor de la concesión de contratos y servicios efectuados desde seis ayuntamientos (Vigo, Ponteareas, Nigrán, Santiago, Pontevedra y Ourense), la Diputación de Pontevedra, Xunta y Autoridad Portuaria. Al medio centenar de imputados por el juzgado de Instrucción 7 de Vigo la Fiscalía plantea ahora que se sume también en calidad de investigados a un alto cargo de la Consellería de Traballo en la delegación de la Xunta y a dos empresarios de la construcción de Vigo y Poio.
El fiscal especial de delitos económicos de Vigo, Juan Horro, que solicita que la causa sea declarada compleja y por tanto se prolonguen las investigaciones hasta el 6 de junio del 2017, presentó un escrito a la jueza para que estime imputar a María Rita Peón, jefa territorial de la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta en su delegación de Vigo, al relacionarla con «a recolocación laboral de Alfonso Fernández Comesaña», técnico auxiliar autonómico imputado. También vincula el ministerio público a dicho cargo de la Xunta con «os contratos de obra do Meixoeiro, Vilagarcía e Panxón (todos sujetos a investigación) e a adxudicación de obras menores a Idmaco e Arlindo Rodríguez», firmas de construcción que cuenta con representantes igualmente imputados en el caso Patos. Señala la juez que pide la imputación de Rita Peón «á vista de que tódolos interrogados ao respecto lle atribúen capacidade decisoria efectiva e intervención determinante neses asuntos».
De la misma manera la Fiscalía insta a que antes de que se cierre el período de declaración de los imputados, lo que considera próximo, se declare también como investigado al representante legal de la constructora viguesa Aldasa, José González Freire, en relación con las obras de un aparcamiento en Navia encargadas por el Concello de Vigo, al estimar que la anticipación de la adjudicación que asegura desveló Enrique Alonso País -el considerado en la causa como base de la trama- «reforza os indicios do posible carácter fraudulento desa contratación».
Las mismas dudas arroja el fiscal sobre Alberto Torres, de la constructora de Poio Ediserpo, en relación con presupuestos de acompañamiento que el ministerio público mantiene que se presentaron en un concurso público.
Y si llamativa resulta la petición de las nuevas imputaciones, no menos es la relación de 16 personas que la Fiscalía requiere sean llamadas a declarar como nuevos testigos en el caso. Entre ellos figuran Carmen Bianchi, Susana Figueroa y Ramón Díaz Carnero, en calidad de responsables de la Consellería de Traballo en Vigo. También solicita que pasen por el juzgado como testigos el interventor de la Diputación, Antonio Graña; el jefe del servicio de contratación del mismo organismo, Pablo Montero, y la jefa del área de fiscalización de la entidad. La misma solicitud es requerida para hacer declarar a la alcaldesa de Moraña, María Luisa Piñeiro; al secretario de la Autoridad Portuaria de Vigo, José Ramón Costas, y al jefe de obras del puerto, Roberto Larrocha. El presidente del Coruxo, Gustavo Falque, y cinco empresarios y empleados de varias firmas completan la lista.