2.000 vigueses sin recursos pidieron letrado de oficio en lo que va de año
VIGO CIUDAD
Colas de solicitantes ante el nuevo marcador digital del Colegio de Abogados
25 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Es la una de la tarde y una veintena de solicitantes aguarda su turno en las oficinas que tiene el Colegio de Abogados de Vigo en los juzgados. Personas de todas las edades miran hacia el nuevo marcador digital que otorga un número automático de turno para presentar la documentación. Los asistentes deben acreditar sus bajos ingresos, circunstancia que les da derecho a obtener un abogado de oficio que les represente en los tribunales.
En el primer trimestre del año, la oficina ha contabilizado 1.964 personas con escasos recursos que han presentado su solicitud para obtener un abogado de oficio en Vigo que les defienda. La cifra es similar a la del año pasado, que superaba los 2.500 solicitantes a mediados de abril, con una media de 25 peticiones al día. Este año, la media es de 22.
Una de las novedades es que las tasas judiciales por pleitear han desaparecido (persisten para las empresas) pero, no por ello, ha descendido el número de solicitantes de forma notoria.
Los pleitos a los que se enfrentan los afectados suelen tener las mismas características. Por un lado, hay un gran número de peticiones de divorciados que se han quedado en paro y que piden a la jueza de familia que modifique las condiciones de su convenio con la expareja para que le rebaje la cuota mensual de la pensión de alimentos porque ya no pueden pagarla y se juegan ir a la cárcel por impago.
También hay litigantes que ya no pueden pagar las mensualidades del alquiler o de la hipoteca y se enfrentan a un proceso de desahucio. El banco o el casero los quieren echar del piso y su única esperanza es que el abogado de oficio paralice el proceso y evite que se quede en la calle.
Otros solicitantes tienen que pedir justicia gratuita porque sus acreedores los acribillan a demandas por impago de deudas, generalmente de escasa cuantían pero que ni siquiera pueden pagar. Son los litigios monitorios, a los que recurren las empresas de recobro que compran paquetes de deuda de teléfono, luz o tarjetas de crédito a muy bajo precio y abruman al moroso para que pague el principal e intereses.
Trabajadores despedidos o que piden una pensión de invalidez también recurren a la justicia gratuita porque no se pueden permitir contratar a un bufete.
Uno de los pleitos que requirió más abogados de oficio fue en el 2008 cuando se movilizaron a siete letrados pagados por la Xunta para que defendiesen a unos jóvenes que salieron de marcha y forzaron la verja de una confitería para robar una docena de cruasanes, valorados en 15 o 20 euros. Si insólito era el delito más lo fue que la Xunta desembolsase casi 3.000 euros de dinero público para sufragar la defensa de los acusados.