«Vigo y su área es el ámbito de Galicia con más prostitución y la entrada hacia España»

Lleva más de una década estudiando la violencia de género desde distintas perspectivas, entre ellas la que atañe a las mujeres que son objeto de trata. Esta circunstancia ha llevado a Silvia Pérez Freire a escarbar en el mundo de la prostitución para estudiarlo desde dentro. Tras hablar con sus protagonistas, ha podido conocer de primera mano los problemas y miedos y ha concluido que la violencia de género «é unha patata quente» que no se toma en serio, máxime con las víctimas de trata.

Durante la experiencia constató el elevado número de mujeres que siguen ejerciendo la prostitución y el trasiego de trata existente, a lo que se suman unas condiciones inmundas y el terror a denunciar. «Vigo y su entorno es el ámbito de Galicia con más prostitución y la puerta de entrada para la trata sexual en el resto de España», afirma la socióloga, que forma parte de la Rede Galega contra a Trata y colabora con la Universidad de Vigo como docente invitada y asociada.

Las rutas más frecuentes son Brasil, Paraguay, República Dominicana, París y Oporto. Otra llega desde Rumanía y generalmente utiliza como medio de transporte el autobús, según la experta. Asegura que la intervención social en la violencia de género, en general, «é para apagar lumes» y que si ya es complicado el asunto de por sí, en el caso de que la víctima sea objeto de trata, aún tiene menos crédito y «o panorama é desolador». «Polo menos, no maltrato hai concienciación social, pero na trata, nin se ve, nin se recoñece, nin se persegue coa contundencia que merece un delito tan grave».

Está convencida de que los prejuicios juegan un papel determinante en los agentes encargados de perseguirlo porque les resulta incómodo. «Estamos a facer listas negras de persoas que asistiron ás víctimas nos xuízos», comenta, en alusión a la forma de actuar de algunos profesionales.

Silvia Pérez entiende que la mujer que está en un club, una calle o un piso es para los clientes, para los policías y para todo el mundo una prostituta y ese estigma actúa de forma negativa. «Explótana, ningunéana e normalmente, non a cree ninguén, e iso cando é consciente de que foi tratada, porque a maioría descoñecen que é un delito e pensan que teñen que pagar a débeda como sexa», apunta.

Lo que está pasando, a su juicio, es que solo se identifican los casos gravísimos, cuando hay violencia brutal en la que se puede contar con la declaración de la víctima con datos muy precisos. El resultado es que las mujeres están arriesgando su vida y carecen de garantías de cualquier tipo. Pone como ejemplo el caso de un juzgado en el que el nombre de una testigo protegida figuraba en todos los documentos que manejaban los funcionarios y abogados, entre otras personas. Se estaba vulnerando la obligación de omitir su identidad en los papeles del procedimiento.

«En moitas ocasións as mulleres declaran en presenza de membros da rede, non hai espazos separados nin se trata coa rigurosidade debida o procedemento. Non hai reparación de dano, nin obteñen ningunha compensación, mesmo se lles encauta o diñeiro». Eso, añade, en el mejor de los casos, porque la mayoría están por identificar y son explotadas sexualmente sin que a nadie le importe.

Otro de los problemas a los que se enfrentan las víctimas de violencia de género es el idioma, en el caso de las extranjeras que no hablan español. La situación se agrava porque no tienen garantías de disponer de intérpretes lingüísticos profesionales que, por ejemplo, les informen de sus derechos desde el principio.

«A maior parte das persoas que están interpretando na comisaría e xulgados non son profesionais nin teñen formación de ningún tipo vinculada ás linguas e, moito menos, traducción», denuncia Pérez Freire. En muchos casos, dice, los traductores son varones sin formación, del mismo país de origen que la víctima, lo que limita la calidad de la información que transmite. «Omiten partes e, en ocasións, terxiversan a mensaxe e disuaden as mulleres para non declarar e beneficiar ao acusado», observa la investigadora.

Recuerda que hay países en los que «a permisividade social e xurídica é total respecto ao maltrato cara á muller». Conoce varios casos de este tipo, como el de una mujer marroquí de 25 años y con dos hijas que relataba de su intérprete lo siguiente: «Me dijo que intentara arreglar las cosas por las niñas».

En otra ocasión una mujer de la misma nacionalidad que la anterior contaba que al llegar al juzgado no le informaron de adónde tenía que ir, ni qué derechos tenía, ni si podía comer. Tuvo que regresar desde el juzgado a su casa andando, pese a estar a mucha distancia y encontrarse embarazada.

Este frecuente problema con la actuación de los intérpretes se ha puesto en conocimiento de la Dirección Xeral de Xustiza para que controle al personal que contratan las empresas que ganan los concursos.

Silvia Pérez Freire socióloga e investigadora

«A maioría das vítimas descoñecen que a trata é delito e cren que teñen que pagar a débeda»

«A permisividade social e xurídica

é total respecto

ao maltratador

cara á muller»

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