Tres concejales y tres antiguos ediles del PSOE, PP y BNG, además de funcionarios y empresarios, declaran esta semana por presuntos casos de corrupción en el Concello
22 feb 2016 . Actualizado a las 13:29 h.Tres casos que salieron a la luz en el mandato anterior están siendo investigados en los últimos meses por dos juzgados de Vigo, que esta semana ha citado a declarar a tres concejales de la actual corporación. La primera en acudir será la socialista Isaura Abelairas (titular de Benestar Social), citada hoy a las 9,30 de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Vigo por el caso Hormigón.
La investigación tiene como principal destinatario a su compañero Ángel Rivas, actual responsable de Parques y Jardines, que compaginó su cargo de miembro de la junta local de gobierno con la de directivo de una empresa de hormigones que suministraba materiales a sociedades adjudicatarias de obras de humanización impulsadas por el Concello.
Tras salir a la luz esta circunstancia, Rivas dejó inmediatamente la empresa y pasó a ser un concejal liberado del gobierno municipal. Pese a ello, el juzgado inició una investigación que todavía continúa.
Por este mismo asunto acudirá el jueves el concejal del PP José Manuel Figueroa. Entre ambas jornadas están citados también en la misma investigación los exconcejales del BNG Eudosio Álvarez y Xavier Alonso, que formaron parte del gobierno local en diferentes mandatos; el exgerente municipal de Urbanismo Francisco Javier Rivas (que dejó el cargo en el 2007) y los funcionarios María Gómez (exjefa de Patrimonio Artístico) y José Ángel Otero (que fue responsable de Deportes y de la Tenencia de Alcaldía)
El tercer concejal vigués que tendrá que acudir a declarar es Héctor Santos Rodríguez, actual responsable de Participación Ciudadana. Declarará como investigado por el caso de los enchufes por la contratación de una cuñada de la teniente de alcalde Carmela Silva en la concesionaria de los centros cívicos.
En este asunto se investiga también a la familiar de la dirigente socialista y a un funcionario de Participación Ciudadana. Más que la contratación y las circunstancias en las que se produjo, la juez quiere saber si acudió realmente a trabajar o durante meses se limitó a cobrar. Igualmente, si el Concello compensaba por otras vías a la empresa el importe de su salario. Rodríguez está citado en el juzgado número 7 de instrucción el martes a las 10.00.
La lista de declaraciones de esta semana en el juzgado se completa con varios empresarios y un empleado de la Autoridad Portuaria convocados también el juzgado de instrucción número 7 durante la jornada del miércoles a partir de las 9,30. Esta vez la juez investiga el conocido como caso Patos, cuyas ramificaciones afectan a varios concellos y administraciones a las que relaciona con adjudicaciones irregulares de obras y contratos a empresas.
Además de Vigo, están investigados cargos del anterior gobierno de la Diputación, de la delegación de la Xunta en Vigo y de la Autoridad Portuaria. En el caso de la Xunta, nada más conocerse la actuación judicial cesó en su cargo de delegada María José Bravo, antecesora de Ignacio López-Chaves, ahora alejada de la política.