Expertos del mercantil asumen el fracaso de la ley de concursos al haber 4 convenios y 30 liquidaciones

e. v. pita vigo / la voz

VIGO CIUDAD

La mayoría de las 20 empresas que llegaron al juzgado el año pasado eran «zombis» sin plantilla ni patrimonio

20 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Juristas expertos del juzgado de lo mercantil de Vigo admitieron que los hechos vienen a demostrar que la ley de concursos de acreedores ha resultado fallida a la hora de salvar empresas. Una prueba está en los estadísticas del año pasado en Vigo: solo se aprobaron cuatro o cinco convenios con los acreedores y, en cambio, el juzgado puso en marcha 30 liquidaciones. «El concurso estaba pensado para reflotar las empresas y ha sido un fracaso», admiten fuentes jurídicas.

La realidad es que al juzgado vigués llegan empresas zombi sin plantilla ni patrimonio, por lo que en la mayoría de los casos se liquidan a la vez que se declara el concurso, sin pasar por la fase previa de convenio con la junta de acreedores.

Aunque en el ejercicio pasado solo se declararon 20 concursos (la quinta parte de ejercicios anteriores) y en lo que va de año hubo cuatro, dos al mes, muy por debajo de la media en época de crisis.

No obstante, el juzgado tiene en marcha largos procesos de liquidación. El más aparatoso es la venta de las propiedades de la promotora Promalar, que todavía conserva bienes por subastar, así como la constructora Feyju y la conservera Alfageme, todas ligadas al mismo grupo empresarial.

A pesar del alto número de liquidaciones, algunos concursos salieron a buen puerto, caso de los astilleros Barreras o Vulcano, que cerraron acuerdos con sus acreedores y se salvaron de la quiebra. El caso contrario es el de Pilotes Posada, que tuvo que entrar en liquidación al no poder cumplir el convenio que había firmado con sus acreedores.

Nuevo juez

El juzgado de lo mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, cuenta con un nuevo titular, que se ha incorporado este mes. Se trata de Sergio Burguillo, que prestó servicio en un juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Majadahonda, en Madrid, y también en Telde, en Canarias.

Entre sus sentencias más conocidas destaca una de Telde en el 2013 en la que anuló un contrato swap a Banesto a una pyme. Obligó a un banco a devolver cantidades cobradas a clientes por los saldos negativos de permutas financieras vendidas sin la debida información sobre sus riesgos. En Madrid, surgió cierta polémica en una de sus sentencias al, supuestamente, mezclarse por error un párrafo de otro pleito entre Jesús Neira, el defensor de una maltratada, y un medio audiovisual contra el que se querellaba.