El constructor de la Patos y Bravo Bosch piden la anulación de las escuchas policiales
VIGO CIUDAD
La causa daría un vuelco porque los pinchazos son el principal sustento de la acusación contra políticos y empresarios
09 feb 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Enrique Alonso Pais, constructor considerado cabecilla de la trama, y María José Bravo Bosch, exdelegada de la Xunta en Vigo, han solicitado ante el juzgado que instruye el caso Patos la nulidad de las escuchas telefónicas. Aducen los investigados que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) no contaba en su momento con indicios suficientes para solicitar y realizar el pinchazo del móvil de Pais.
La hipotética anulación de estas grabaciones por parte de la jueza implicaría que cesaran las «diligencias posteriores» y «los efectos procesales», como apunta en un escrito presentado ante el juzgado la procuradora de la exdelegada autonómica en la ciudad.
En el caso Patos hay medio centenar de políticos y empresarios imputados en un presunto caso de corrupción para la adjudicación de contratos públicos. La investigación afecta a diversos concellos e instituciones públicas, caso de la delegación de la Xunta y la Diputación provincial, y lleva dos años abierta.
Fueron Alonso Pais y Jaime Alvariñas, director general de Eiriña (empresa del constructor), los primeros en solicitar por escrito que se anulasen las grabaciones practicadas por la Udef. Tras recibir el escrito la procuradora, procedió a solicitar la misma revocación ante el juzgado.
María José Bravo Bosch está implicada en la causa al considerar la investigación que permitía que Alonso Pais tuviera una posición de «supremacía» sobre el resto de competidores que aspiraban a contratos públicos. En la grabación se escucha al jefe de gabinete de la exdelegada de la Xunta asegurar que el constructor es «el enchufado de la delegación», al que se le daba acceso a las ofertas de las empresas que competían con él.
El constructor se jactaba en las grabaciones que ahora pide anular de su influencia sobre la exdelegada de la Xunta. Habría jugado Bravo Bosch presuntamente a favor de Enrique Alonso Pais, padre de una entonces edil del PP en el Concello vigués, en una serie de adjudicaciones en el Consorcio del Casco Vello, del que era presidenta, y la propia delegación de la Xunta. La investigación apunta a que además podría haber sido un enlace con la Diputación para que Alonso Pais lograse contratos del organismo provincial.
Ella negó en varias ocasiones estas acusaciones y consideraba al constructor «un hombre de partido» al que conoció cuando no estaba imputado. Sin embargo, tras su imputación Núñez Feijoo le comunicó en octubre que sería cesada como delegada de la Xunta.